Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

28a. reunión - 22a. sesión ordinaria
En Roma, una flotilla de aviones italianos trasladó a los italianos que murieron como consecuencia
de disturbios suscitados en un partido disputado en un estadio de Bruselas.
En el diario Tiempo Argentino, del 14 de agosto de 1985, salió publicada una noticia sobre
la caída de un avión en Japón. Dicha información dice que helicópteros militares de rescate actuaron
en el teatro de operaciones y fueron los primeros en aparecer en las pantallas. Noticias al
respecto siguieron saliendo en la prensa en los días subsiguientes.
Concluiré con una nota aparecida el martes 18 de febrero de 1986 en La Razón, que daba
cuenta del incendio en un edificio de oficinas en Río de Janeiro. La información decía que un
helicóptero de la Fuerza Aérea intentó infructuosamente levantar a refugiados en el techo del
edificio, según un comunicado del ministerio de Aeronáutica. También en El Tribuno del 14 de
septiembre de 1986 se informa sobre un violento terremoto en Grecia; pero en un caso como
éste, tampoco podrían actuar las Fuerzas Armadas. La noticia dice que la fuerza aérea griega envió
a Kalamata una brigada de rescate. En el mismo diario, pero en el del sábado 6 de septiembre
de 1986, se informa sobre el incendio del hotel noruego, con un saldo de catorce muertos y en
donde doscientos bomberos, soldados, policías y trabajadores de la Defensa Civil rescataron a los
huéspedes y controlaron el fuego.
He mencionado una serie de hechos como inundaciones, tempestades, delitos comunes, tráfico
de narcóticos, terrorismo, volcanes en erupción, terremotos, caída de aviones, huelgas, incendios,
etcétera, que son dignos de ser tenidos en cuenta.
Quiero agregar que en nuestro país las Fuerzas Armadas actúan en todas las elecciones políticas,
con lo cual se estaría en contra de la posición sustentada por el proyecto que consideramos.
Por último, deseo referirme al consejo de Seguridad Interior que se ha formado en Francia
durante el actual gobierno y que está integrado por cinco ministros: el ministro delegado a cargo
de la Seguridad Interior, de Justicia, de Defensa y de Relaciones Exteriores. Bajo la autoridad deí
primer ministro se consideran los problemas vinculados con el terrorismo, teniendo en cuenta
todas sus implicancias, aun las de carácter militar. Se afirma que no hay sociedad, no hay libertad
sin seguridad. La mayoría se ha comprometido ante el país a hacer respetar la primera exigencia
de la libertad que es poder vivir pacíficamente en el país; que todos los que no respeten la ley sean
impedidos de actuar y luego eventualmente sufran las consecuencias.
Hay otro elemento que me parece interesante y es muy breve. Es el orden del día N° 244,
que este cuerpo aprobó hace pocos días, referente a la lucha contra los estupefacientes. Dice el
artículo 47 de ese proyecto de ley que “en el caso de los artículos anteriores, cuando la seguridad
personal del condenado o procesado o de su familia lo requiera, el tribunal podrá disponer el
alojamiento del mismo y de su familia en una unidad militar…”. Esta posición ha sido apoyada
por todos los sectores e inclusive por el partido radical.
La Nación del 12 de agosto último publica una encuesta realizada en mayo con una cobertura
geográfica que abarca la Capital Federal, Gran Buenos Aires y los centros urbanos de Córdoba,
Rosario, Mendoza, Paraná y Tucumán. Se proponía a los encuestados el siguiente tema: “Algunas
personas piensan que las Fuerzas Armadas están para defender el país en caso de ataque desde el
exterior. Otras creen que también están para defenderlo de agresiones terroristas o subversivas
internas. ¿Qué cree usted?”
En mayo del año pasado no respondió a la requisitoria el 15 por ciento de los consultados,
mientras que en mayo de este año no lo hizo el 14 por ciento. Y los que respondieron lo hicieron
en la forma siguiente: que sólo deben intervenir en caso de ataque externo, en mayo de 1985 el 33
por ciento; en mayo de 1986 el 32 por ciento; que también deben hacerlo en caso de agresiones
internas, el 67 y el 68 por ciento respectivamente.
Es decir que la postura del gobierno radical no responde a lo que quiere el pueblo. El pueblo
quiere tranquilidad, que se sancione una ley que lo proteja y que proteja también a aquellos que
cometen delitos, para que nadie pueda hacerse justicia por mano propia.
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1986