Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

28a. reunión - 22a. sesión ordinaria
“Como en la época de 1789 me hallaba en España y la revolución de Francia hiciese también la
variación de ideas y particularmente en los hombres de letras con quienes trataba, se apoderaron
de mí las ideas de libertad, igualdad, seguridad, propiedad…”.
La ley 13.234 del gobierno peronista estableció la facultad de dictar bandos ante situaciones
de guerra en zonas de operaciones. Pero este mismo gobierno dicta poco tiempo después el
Código de Justicia Militar, ley 14.029, estableciendo la posibilidad de dictar bandos en situación
de guerra o de conmoción interior, de acuerdo con lo establecido por el artículo 133 de dicha
norma, que ha sido derogado por este Parlamento.
El gobierno del doctor Illia, por medio del proyecto al que ya me he referido en este debate,
propició la facultad de dictar bandos en el caso de guerra, de conmoción interior o en situaciones
que afecten la seguridad. Todo esto está contemplado en el artículo 10 de ese proyecto, que ya
comenté anteriormente.
La ley de facto 16.970, de 1986, se refiere también a la facultad de dictar bandos y toda esta
cuestión que ahora eriza tanto la sensibilidad de algunos sectores es más medida; esta disposición
proviene del proyecto Illia; es una copia casi textual, suavizada.
Por ejemplo, trata la cuestión en forma únicamente tangencial cuando a este tema de los bandos
lo refiere solamente a una situación de guerra y cuando habla del teatro de operaciones. Pero
esta norma 16.970 no se refiere al caso de situaciones internas ya que da por sentado que existía
otra norma, que era el Código de Justicia Militar, de comienzo del gobierno justicialista, que se
refería a épocas de guerra y al caso de conmoción interior.
Y el proyecto de la señora de Perón que tuvo sanción de Diputados y que yo en gran parte he
recogido en el proyecto que pongo a consideración de esta ilustrada Cámara trata únicamente la
cuestión de los bandos en la situación de conmoción interior, zonas de emergencia, y para cualquier
eventualidad. Por cierto, en estos casos en que hubo omisiones, he ido notando que la ley
14.029, de Código de Justicia Militar, informa la facultad en época de guerra y de paz de dictar
bandos.
El proyecto Illia con respecto a la denominada ley 16.970 es —como decía en esta exposición—
bastante parecido.
Yo me he permitido hacer llegar al despacho de cada uno de los señores senadores la copia de
la ley 16.970 y he marcado cada una de las disposiciones que pueden comparar con el proyecto
Illia y ver que son idénticos. Por ejemplo, el proyecto Illia dice que “el bienestar y la seguridad
son los dos objetivos permanentes del Estado. Para llevar a feliz término toda política de desarrollo
tendiente a incrementar el bienestar nacional, se deben crear las condiciones adecuadas, y es
responsabilidad del Estado el proporcionar esa seguridad a la Nación…”.
El texto es una copia del decreto ley 16.970, y fue recogido del proyecto del presidente Illia.
Si se compara el artículo 60 del proyecto Illia es idéntico al artículo 2º. Dice que “Seguridad
Nacional es la situación en virtud de la cual los intereses vitales de la Nación se hallan a cubierto
de cualquier tipo de ataque o agresión externa, conmoción interior, casos de emergencia grave
o catástrofe.”
El artículo 60 del proyecto Illia es igual al de la denominada ley 16.970 en su artículo 3º.
Expresa que: “Política de defensa es la parte de la política nacional tendiente a lograr y mantener
en la Nación un índice adecuado de seguridad”. Y el artículo 4º, en el inciso a) también es parecido
al artículo 66 de la ley 16.970. Allí se menciona que la Defensa Nacional requiere, fundamentalmente,
la formulación de políticas de defensa que contribuyan a la consecución del índice
adecuado de Seguridad Nacional.
Tengo aquí otras comparaciones que resultan idénticas. Pero, para terminar, me referiré a
los últimos puntos. Si se compara el artículo 48, sobre requisición, con el artículo 37 de la ley
16.970, se observará que son idénticos sin presentar diferencia alguna. Ese artículo 37 dice “toda
requisición da derecho a indemnización. Las autoridades competentes deberán, en todos los
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