Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

22 y 23 de octubre de 1986
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derecho preferente para transportar por ferrocarril fuerzas militares y los materiales de guerra
que quisiesen y el artículo 20, el de exigir el despacho de un tren extraordinario.
El artículo 21 establece que en caso de conmoción interior o invasión extranjera, el Poder
Ejecutivo podrá tomar por su cuenta el uso del ferrocarril.
Es decir que ésta es una cuestión que viene de muy lejos; siempre ha estado prevista en la legislación,
en la doctrina y ha sido aplicada, como lo voy a seguir demostrando en mi exposición.
O sea que se toma el estado de conmoción interior como algo que existe en la realidad, además
de la facultad del Poder Ejecutivo de hacer uso de los medios necesarios para restablecer la
paz cuando los medios comunes no son suficientes.
Por otra parte, puedo citar el decreto sancionado por el gobierno revolucionario en 1944,
número 15.385 que luego fue ratificado por ley 12.913 y que continúa vigente. Este decreto, crea
las zonas de seguridad en todo el país; zonas de frontera y de seguridad interior, además de la
Comisión Nacional de Zonas de Seguridad.
La ley 12.313 —decreto 15.385— establece que, en caso necesario, el servicio de policía, a
cargo de la Gendarmería Nacional, y de la Prefectura Nacional Marítima podrá ser reforzado por
personal y elementos del Ministerio de Guerra y del Ministerio de Marina, y por contingentes de
la Policía Federal.
Es decir que esta norma legal ya prevé la intervención de los ministerios citados cuando se
plantee una cuestión interna y para reforzar los efectivos de la Gendarmería y de la Prefectura, hecho
que —reitero— es una cuestión de sentido común, porque ningún país hasta el momento ha
dejado de hacer uso en cuestiones internas de las Fuerzas Armadas cuando ello ha sido necesario,
También puedo citar el artículo 133 del Código de Justicia Militar, que sigue vigente. Hagamos
notar también que los decretos del Poder Ejecutivo Nacional números 2.770, 2.771 y 2.772, que
determinan la guerra contra la subversión, no están derogados y, por lo tanto, están en vigencia.
La cuestión de la seguridad de la Nación o seguridad interior está incluida en las leyes penales.
El proyecto de Tejedor en el libro II, título I, bajo la denominación “De los crímenes y delitos
contra la seguridad interior y orden público”, incluye a la rebelión, la sedición, el motín, la asonada,
el atentado y el desacato contra la autoridad; esto corresponde al período que va entre los
años 1865 y 1867.
Quiero mencionar también a la ley 13.985, del año 1950, derogada por una norma del año
1955 cuando sobrevino la revolución, que establecía penalidades para los que atentaran contra
la seguridad de la Nación. El artículo 2º de esa ley se refería concretamente a la seguridad de la
Nación. En el actual Código Penal, ley 11.179 del año 1921, el Libro II, Título IX, como todos los
señores senadores saben, se denomina “Delitos contra la seguridad de la Nación”. En el Capítulo
I se hace referencia al delito de traición y en el Capítulo II a los delitos que comprometen la paz
y la dignidad de la Nación.
Las palabras “seguridad” y “nacional” son términos de uso común y han sido aceptadas siempre,
inclusive desde antes de nuestra Independencia, por lo cual no se les debe asignar ninguna
otra implicancia más que la de su sentido gramatical. El diccionario señala que “seguro” significa
libre y exento de todo peligro, daño o riesgo; “seguridad”, calidad de seguro y el término “nacional”
es definido como perteneciente o relativo a una nación.
Dijo San Martín que no hay respeto humano que deba guardarse cuando se trata de la seguridad
y libertad americanas.
Manifestaba también el general San Martín lo siguiente: “Anhelo sólo el bien de mis semejantes;
procuro el término de la guerra; y mis solicitaciones son tan sinceras a este sagrado objeto
como firme mi resolución, si son admitidas, de no perdonar sacrificio por la libertad, por la seguridad
y por la dignidad de la patria”.
El general Belgrano, en su autobiografía, que comprende desde el año 1770 hasta la Revolución
del 25 de Mayo, tal como puede leerse en la Biblioteca de Mayo, Tomo II, página 956, señala: