Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

28a. reunión - 22a. sesión ordinaria
disponer el empleo de las fuerzas que comandan para reprimir, perseguir o detener a los atacantes,
aun fuera de los límites de la zona militar”.
Esta, señores senadores, es la realidad que golpeaba al país. Y por eso ha sido redactada de esa
forma la ley 13.234, a pesar de que era una época en la que todavía estos hechos de la guerrilla no
había nacido, pero ya se veía el esbozo de la legislación. Después nace en el proyecto del gobierno
del doctor Illia, después sigue con el decreto ley 16.970 y por último con el proyecto de la señora
de Perón. Diría que el decreto-ley 16.970 es en realidad una versión suavizada del proyecto del
presidente Illia.
En la Cámara de Diputados el dictamen en minoría de los diputados del Partido Intransigente
Musacchio y Portero está de acuerdo con el articulado menos con el artículo 20 que dice: “A los
fines de la lucha contra la subversión, el Consejo de Defensa podrá requerir la colaboración de
la Secretaría de Prensa…”, etcétera. En el artículo 21, se agrega: “A los mismos fines la Policía
Federal quedará subordinada…”, etcétera, y con el artículo 30, se acentúa la intervención del
Congreso Nacional.
De acuerdo con esta lectura que he realizado sobre las discusiones que se produjeron en oportunidad
de tratarse el proyecto del gobierno peronista, demuestro que tuvo el apoyo de casi todos
los sectores. La comisión estaba formada por diputados en minoría del Partido Intransigente, los
señores Musacchio y Portero, que hicieron salvedad con respecto a tres artículos que no tienen
mucha importancia. Y luego el radicalismo, a través de varios diputados: hizo por cierto algunas
observaciones que tampoco tenían relevancia.
El Código de Justicia Militar, como ustedes saben, contenía un artículo —el 133— que
fue derogado por el actual gobierno, igual que el artículo 43 del decreto-ley 16.970, ambas
normas porque disponían la intervención de las Fuerzas Armadas en caso de conmoción
interior.
Sin necesidad de hacer una mención muy expresa, rescato la posición del bloque justicialista,
que en ese entonces era uno solo, en la sesión del 31 de enero y 10 de febrero de 1984, en la que
sostuvo el mantenimiento del artículo 133 ya citado. En una larga y extensa exposición de uno
de los senadores justicialistas se cita este artículo que dice: “La misma facultad (de dictar bando)
tendrá durante el estado de conmoción interior la autoridad militar que, en cumplimiento de
previsiones para dicho estado, se ve obligada a asumir el mando o gobierno del lugar con el fin
de mantener el orden público o impedir el saqueo, violación, incendio u otros estragos. Esta facultad
sólo podrá usarse desde que se haya comprobado la impotencia de las autoridades y hasta
que se haya logrado restablecerlas”.
El artículo 43 del decreto-ley 16:970, como ustedes saben, establece justamente una norma
parecida. Este articulo 133 del Código de Justicia Militar proviene del gobierno peronista en su
primera época. Y cuando el Poder Ejecutivo en 1984 presenta el proyecto de lo que luego sería la
ley 23.049, establece un sistema especial de juzgamiento relacionado con los hechos de pública
notoriedad que hubo en la represión antiguerrillera. El Poder Ejecutivo en ningún momento
presentó en su proyecto la derogación del artículo 133 del Código de Justicia Militar ni del artículo
43 de la ley 16.970.
Fue luego en el curso de las sesiones, por, decisión del bloque radical que se hizo esto, pero
reitero que en su momento existió una extensa exposición y posterior votación de nuestro sector
por la que se solicitó la no modificación del artículo 133 del Código de Justicia Militar ni del
artículo 43 de la ley 16.970, supeditando las situaciones que ellos plantearan a la decisión del
presidente de la República.
Es decir que este asunto ha sido largamente discutido y de ninguna manera tiene relación con
la libertad; además, es de antigua data.
Me voy a permitir hacer referencia a la ley de ferrocarriles promulgada el 25 de noviembre de
1891. El artículo 19 establece que el Poder Ejecutivo o las autoridades que él determine, tienen
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1986