Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

22 y 23 de octubre de 1986
repeler y protegerse de los ataques del enemigo sino también para sustraer provisoriamente a la
Nación de las acciones de la naturaleza y las perturbaciones internas producidas por actos humanos
disminuyendo o anulando sus consecuencias”.
Aquí deseo hacer una interrupción para manifestar que no estoy de acuerdo con lo que dijo
el señor senador por La Pampa en el sentido de que las legislaciones mundiales separan completamente
lo que es la Defensa Nacional exterior de la interior, como lo voy a demostrar con
posterioridad con muchas publicaciones de periódicos.
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—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional
del H. Senado, senador Edison Otero.
Sr. Bravo Herrera.—El proyecto de la señora Isabel Martínez de Perón, que introduce los
decretos 2.770, 2.771 y 2.772, que se referían a la lucha antiguerrillera, cuestión lógica en ese
momento —sabíamos del ataque de la guerrilla en octubre de 1975— dice que: “Compete al
Consejo de Seguridad Nacional la dirección de los esfuerzos nacionales para la lucha contra la
subversión, el mantenimiento de la paz interior y la preservación del orden institucional, la dirección,
planificación y control de los esfuerzos nacionales para la seguridad interna”.
Al Consejo de Defensa, en lo que el accionar antisubversivo se refiere, le compete asesorar y
formular propuestas al presidente de la Nación, en lo concerniente a la lucha contra la subversión
en todos los ámbitos del quehacer nacional; conducir la lucha antisubversiva, planear y conducir
el empleo de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y fuerzas policiales en la lucha contra la
subversión.
El artículo 20 dispone que la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación, la
Secretaría de Información del Estado y la Dirección Nacional de Migraciones quedarán funcionalmente
afectadas al Consejo de Defensa a los fines de la lucha contra la subversión.
El artículo 30 dice que en caso de conmoción interior originada por personas o agentes de la
naturaleza cuya gravedad implique o pueda implicar la alteración del orden público y de las actividades
y servicios públicos esenciales, el presidente de la Nación podrá declarar zona de emergencia
en parte o partes del territorio nacional para preservar, mantener o restablecer el orden y
asegurar las actividades y servicios públicos esenciales y prestar los auxilios necesarios mediante
el empleo inclusive de las Fuerzas Armadas, y que esta declaración de zona de emergencia deberá
ser comunicada al Congreso Nacional,
En el proyecto que me he permitido poner a consideración de este honorable cuerpo es necesaria
la aprobación del Congreso, según una propuesta que había hecho llegar el sector radical.
El artículo 34 —verán los señores senadores que estoy salteando muchos artículos a pesar de
que son muy claros y necesarios— dice: “Al comandante de la zona de emergencia se le asignarán
medios y efectivos de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, policiales y penitenciarias que requiera
para el cumplimiento de su misión”.
En el artículo 35 se establece: “Si la gravedad de la situación lo aconseja, el Poder Ejecutivo
podrá asignarle al comandante de la zona de emergencia la atribución de dictar bandos y crear
los tribunales militares correspondientes; asimismo podrá subordinarle total o parcialmente
las autoridades con jurisdicción dentro de la zona, estas decisiones deberán ser comunicadas al
Congreso. Los magistrados judiciales que desempeñen funciones en la zona de emergencia mantendrán
independencia en su acción…”.
El artículo 36 dispone: “Cuando la naturaleza y proyección del hecho subversivo o insurreccional
lo hagan necesario, el presidente de la Nación podrá disponer el empleo de las Fuerzas
Armadas en operaciones militares sin el requisito previo de decretar zonas de emergencias”.
El artículo 38 expresa: “Cuando sea necesario realizar operaciones militares en defensa de zonas
militares atacadas o exista la amenaza de ataque, los respectivos comandantes o jefes podrán