Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

28a. reunión - 22a. sesión ordinaria
una facultad hubiera de ser erigido en obstáculo para no concederla, ninguna atribución podría
ser conferida a ningún poder. Ejecutivo, Legislativo o Judicial. Sarmiento, en su célebre Polémica
con Rawson, acerca de la facultad de declarar el estado de sitio, expresó: “Cree el infrascrito que
no hay razón de conveniencia pública, ni aun el temor del abuso posible, que aconseje exponer
a los gobiernos provinciales a las perturbaciones internas, restringiéndoles facultades que le son
propias.”
En el punto 43 dice el gobierno radical: “Las medidas que consagra el proyecto se fundan en
la objetividad de los hechos demostrativos de un estado real de emergencia grave y en la generalidad
de su aplicación, que lejos de estar dirigida contra una o más personas individualmente consideradas,
tienen en miras el conjunto de actividades del Estado y de los individuos, que deben
ser empeñadas para conjurar peligros que comprometan la seguridad de todos”.
Dice el proyecto del presidente Illia: “Si para superar situaciones de carácter extraordinario,
la Nación no pudiere contar con los medios preventivos y represivos también extraordinarios,
según se ha dicho antes, se pondría en peligro su existencia misma, o la de sus instituciones básicas,
facilitándose el caos social, en detrimento de los valores fundamentales que forman nuestro
acervo nacional. Si la Constitución pudiera interpretarse en ese sentido, no sería un instrumento
de gobierno, no consolidaría la paz interior, no proveería a la defensa común, como su
Preámbulo lo declara al expresar los propósitos y objetos con que sus autores la sancionaron”.
En el punto 45 dice: “Fue justamente Joaquín V. González, quien en Debates constitucionales,
tomo I, página 225, incluyó situaciones como las que el proyecto encuadra en el estado de tensión.
Dijo: Estas palabras conmoción interior, no necesitan ya ser definidas: tienen una tradición
que es una jurisprudencia invariable, y está ya sancionado como una regla de interpretación
que la conmoción interna a que la Constitución se refiere, comprende tanto a los movimientos
abiertamente hostiles a la autoridad, contrarios al orden público, como también esos anuncios
evidentes de más hondas perturbaciones, pero que no han tomado todavía una forma práctica,
una forma externa”.
El punto 48 dice: “Se incorpora así en esta ley un nuevo concepto, el de ‘Protección civil’
que tiende a proporcionar el resguardo físico y moral de la población, al mismo tiempo que
proporciona a las Fuerzas Armadas empeñadas en las zonas de operaciones la adecuada libertad
de acción en el frente interno”. El punto 48 dice que la protección civil integrada desde la paz es
la organización con que cuenta el Estado para actuar también en caso de catástrofe o emergencia
grave.
La ley 16.970, o decreto ley 16.970 o la denominada ley 16.970, como decía el justicialismo en
el último período, es en realidad la que menos legisla sobre la conmoción interna y extrae sus disposiciones
del presidente Illia. Es decir, que un gobierno constitucional y democrático como el
del presidente Illia veía con claridad el problema siguiendo, por otra parte, la tradición legislativa
de todos los países, puesto que en el mensaje de elevación de los proyectos, cita las naciones cuyas
legislaciones habían sido consultadas. La ley 16.970 toma un poco —pero poco— del proyecto
del doctor Illia.
Esta norma legal es la que menos trata sobre esta situación, y el artículo 43, que fue derogado,
decía que en caso de conmoción interior originada por personas o agentes de la naturaleza, podrá
recurrirse al empleo de las Fuerzas Armadas para restablecer el orden o prestar los auxilios necesarios.
Continuaba el artículo expresando que, para ello, aquellas zonas o lugares especialmente
afectados, podrán declararse zonas de emergencia a órdenes de autoridad militar para la imprescindible
coordinación de todos los esfuerzos.
Este artículo —como digo— fue derogado por la ley 23.049, del 15 de febrero de 1984, en uno
de los primeros actos legislativos del actual régimen constitucional.
El mensaje del Poder Ejecutivo del 10 de octubre de 1966 que acompañaba el proyecto decía
de esta norma: “Los servicios que reclaman la Defensa Nacional no son exigidos solamente para
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1986