Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

22 y 23 de octubre de 1986
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En los fundamentos de este proyecto se dice lo siguiente: “Todos los artículos que integran
la ley de Defensa Nacional se caracterizan por su respeto hacia los preceptos constitucionales de
conformidad con los cuales han sido hechos, y obtenido su razón de validez.
“Los derechos individuales y los relacionados con las autonomías provinciales, aspectos relevantes
de la Constitución Nacional, fueron tenidos particularmente en cuenta en la redacción
de la presente ley.
“Además, cabe destacar, que siendo finalidad de esta ley la defensa de la República contra
cualquier forma de agresión, el espíritu de su concepción lleva implícita la defensa de la
Constitución Nacional y las garantías que ella consagra”.
En el capítulo titulado “Finalidad de esos fundamentos”, el Poder Ejecutivo de esa época dice
lo siguiente: “El punto de partida de este proyecto ha sido fijar el concepto integral de Defensa
Nacional en una definición que compromete conjunta y coordinadamente a todos los elementos
constitutivos del Estado a actuar en contra de los posibles factores, elementos o agentes —cualquiera
sea su origen o naturaleza— que puedan afectar la personalidad de la Nación”.
Y más adelante se señala: “Dado el amplio concepto de Defensa Nacional que se consagra en
este proyecto, los servicios que reclamará la misma serán exigidos no sólo para repeler las acciones
del enemigo, sino también para proteger provisoriamente a la Nación tanto de los efectos de
los agentes perniciosos de la naturaleza, disminuyendo o anulando sus consecuencias”.
El punto 32 dice: “El proyecto califica las situaciones fundamentales que pueden dar lugar a
la aplicación del plan general de Defensa Nacional, ellos son: ataque o agresión exterior, conmoción
interior, casos de emergencia grave o catástrofe”.
El punto 37 dice: “El concepto de emergencia grave está integrado por dos elementos esenciales:
la gravedad o extensión de la alteración del orden o seguridad y el hecho de que los efectos
de esa alteración no puedan ser controlados o anulados por entes privados u oficiales locales y
requieran el concursa de las autoridades nacionales”.
“Aquí también —dice en el punto 38 sobre emergencia grave— la ley debe seguir a los hechos,
en el sentido de que cuando el desarrollo de los acontecimientos lo exija, el presidente de la
Nación podrá otorgar el gobierno civil de las zonas afectadas a la autoridad militar, con autorización
legislativa o ad referéndum de ésta si el Congreso estuviere en receso”.
El punto 39 es importante porque dice que “esta atribución que el proyecto reconoce en el
Poder Ejecutivo no es una innovación en el ámbito institucional porque, en cierta medida; está
implícita en otras facultades que le son privativas y de contenido aún más amplio y que, en distintas
épocas, han tenido aplicación en nuestro país. Lo fundamental son los bandos…”. Dicho
código, el de justicia militar, sigue diciendo el expositor, luego de ocuparse de los bandos que se
emiten durante el estado de guerra, preceptúa en el artículo 133: “La misma facultad tendrá durante
el estado de conmoción interior la autoridad militar que, en cumplimiento de previsiones
para dicho estado, se vea obligada a asumir el mando o gobierno del lugar con el fin de mantener
el orden público o impedir el saqueo, violación, incendio u otros estragos. Esta facultad sólo
podrá usarse desde que se haya comprobado la impotencia de las autoridades y hasta que se haya
logrado restablecerlas”.
El punto 40 del proyecto radical dice: “El concepto de ‘emergencia grave’ no constituye sino
una especificación del de ‘conmoción interior ‘, que la Constitución Nacional establece como
presupuesto de la declaración del estado de sitio —cita los artículos—, pero con la diferencia de
que el peligro para el país es mucho más serio en el caso de la emergencia grave porque compromete
directa o inminentemente la Seguridad Nacional en forma de que, si no se adoptan rápidas
mecidas, el perjuicio inferido a ésta sería prácticamente irreparable”.
“Es evidente —dice el punto 42— que tratándose no ya de simple conmoción interior sino
de emergencia grave, nada eficaz podría construirse si a las previsiones indispensables se les quisiera
dar el sentido de una intención dirigida a otros fines. Si el posible abuso en el ejercicio de