Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

28a. reunión - 22a. sesión ordinaria
le asignan, se menciona en primer término la de determinar las situaciones que pueden afectar a
la Seguridad Nacional.
El artículo 60, que años después es recordado en la discusión de otro proyecto que ya voy a
mencionar luego, se refiere al “Glosario de términos” empleados, indicando que por Seguridad
Nacional se entiende la situación en virtud de la cual los intereses vitales de la Nación se hallan a
cubierto de cualquier tipo de ataque o agresión externa, conmoción interior, casos de emergencia
grave o catástrofe.
Define dicho glosario la expresión “objetivos e intereses nacionales” señalando que se trata de
los fines básicos y permanentes, contenidos en la Constitución Nacional, en virtud de los cuales
el Estado actúa en miras a la consecución del bienestar y seguridad nacionales.
Al referirse a “política de defensa”, se indica que es la parte de la política nacional tendiente a
lograr y mantener en la Nación un índice adecuado de seguridad.
Es de hacer notar que, con posterioridad, en el gobierno de la señora de Perón, cuando se
trató el proyecto de ley de Defensa Nacional que fue aprobado por la Cámara de Diputados, el
señor diputado Suárez, precisamente, se refiere a este artículo 60 que acabo de comentar, señalando
que se trataba de un conjunto de disposiciones muy sabias, citándolas en el debate que se
mantuvo en aquel entonces.
En el proyecto de ley que estoy comentando, se menciona la facultad del presidente de la
Nación de decretar “zona militar” en los casos de emergencia grave o catástrofe, que pongan en
peligro la Seguridad Nacional, indicados en el artículo 10. También se menciona la facultad de
dictar bandos, en concordancia con las condiciones establecidas por el artículo 133 del Código
de Justicia Militar, que fue abrogado por este Parlamento.
El proyecto también se refiere a las movilizaciones, las que giran en torno de los supuestos
previstos en el artículo 10, al igual que las requisiciones que se practiquen con motivo de los casos
que pueden afectar la Seguridad Nacional.
El punto 8 de los fundamentos del proyecto de ley de Defensa Nacional que estoy analizando
se refiere a la política de defensa y dice que no constituye un fin en sí misma, sino sólo un medio
para lograr la situación de seguridad necesaria que permita mantener y mejorar constantemente
el modo de vivir y la prosperidad del pueblo argentino.
El punto 28 de los citados fundamentos dice que, complementando las atribuciones conferidas
al Poder Ejecutivo ante situaciones que puedan afectar o poner en peligro la Seguridad
Nacional, se lo ha facultado para disponer la movilización del potencial nacional, según las necesidades
de la emergencia.
El punto 36 indica que si las situaciones que afectan la seguridad de la Nación son sorpresivas,
la posibilidad de requerir autorización legislativa previa queda eliminada por la misma naturaleza
de los hechos, donde toda demora podría ser fatal.
Estos son, reitero, los fundamentos del proyecto de ley de Defensa Nacional presentado en el
año 1964. El punto 40 de dichos fundamentos se refiere al concepto de “emergencia grave” y señala
que no constituye sino una especificación del de “conmoción interior”, que la Constitución
Nacional establece como presupuesto de la declaración del estado de sitio, pero con la diferencia
de que el peligro para el país es mucho más serio en el caso de la emergencia grave porque compromete
directa e inminentemente la Seguridad Nacional.
El gobierno justicialista de Isabel Perón cuenta con el decreto 2.770 del 4 de noviembre de
1975, que crea el Consejo de Seguridad Interna, integrado por el presidente de la Nación, los ministros
del Poder Ejecutivo y los comandantes generales de las Fuerzas Armadas. El Consejo de
Seguridad Interna estaba previsto en el proyecto de la señora de Perón, pero se lo subsumió en el
órgano máximo, porque eran las mismas autoridades.
En el punto 2 del mensaje del gobierno de la señora de Perón se dice que: “Se pretende dejar
establecido con claridad uno de los fines fundamentales de la República, como es el de Seguridad
673
1986