Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

28a. reunión - 22a. sesión ordinaria
la acción de todas las fuerzas morales y materiales de la Nación únicamente para enfrentar agresiones
externas, está restringiendo equivocadamente el campo de la defensa.
“La guerra no se desarrolla únicamente de fronteras afuera, ya que es igualmente importante
el trabajo que el enemigo realiza en espionaje, con sabotajes internos y mediante el debilitamiento
de las fuerzas morales del oponente.
“Resulta de la propia ley y de la discusión parlamentaria que se ha querido desplazar a las
Fuerzas Armadas de la tarea en el interior, para la Defensa Nacional. Esta definición de la mayoría
parlamentaria viene cargada por nuestra desgraciada experiencia en gobiernos de facto, sin
advertir que ninguna ley hubiera impedido los hechos de fuerza ante dictaduras militares que no
dudaron de romper la Constitución y cometer aberrantes excesos.
“Las Fuerzas Armadas son una institución necesaria en la Defensa Nacional y es del caso deslindar
la institución de sus ocasionales conductores. Sospechar de ellas es tanto como hacerlo de
los poderes constituidos ante quienes están constitucionalmente subordinadas.
“Igualmente inconveniente resulta la limitación que en materia de inteligencia militar se hace
en el artículo 8º de la ley, especialmente si tenemos en cuenta que los organismos militares dependen
directa e inmediatamente del ministro de Defensa y están subordinados a la Central
Nacional de Inteligencia que crea la ley, órgano presidido por el secretario de Inteligencia del
Estado.
“La ley en trámite limita las facultades constitucionales del presidente para disponer de las
Fuerzas Armadas. El primer mandatario se verá obligado, necesariamente, a cumplir con las
prescripciones legales salvo la declaración de inconstitucionalidad de la ley por el Poder Judicial.
“La experiencia, por otra parte, nos indica que es necesario que el presidente tenga las manos
libres en las facultades de mando que le otorga la Constitución, pues tratándose de la subversión,
por ejemplo, no siempre es posible dominarla con las Fuerzas de Seguridad, como todos deseamos,
y no está tan lejano aquel 9 de febrero de 1975, cuando el gobierno constitucional tuvo que
apelar a ellas para cumplir con éxito la gestión poco después, el 25 de octubre del mismo año,
ante una guerrilla que había dominado una zona de influencia de 5.000 kilómetros cuadrados en
una provincia de sólo 22.500.
“La experiencia sudamericana, especialmente, nos indica que muchas veces hay que recurrir
a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la guerrilla, tal como sucede hoy en el Perú y en
Colombia, con inobjetables gobiernos democráticos.”
—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º del H.
Senado, senador Carlos E. Gómez Centurión.
Sr. Bravo Herrera.—Señor presidente: como no he agotado este punto que considero crucial,
abordaré el tema de los antecedentes legales comenzando por la ley 13.234, sancionada durante
el gobierno justicialista y que según mi entender es una de las mejores normas sobre Defensa
Nacional.
En el mensaje que el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento se expresaba lo siguiente: “El
proyecto de ley contempla la posibilidad de satisfacer las necesidades propias de la movilización
de las Fuerzas Armadas a las que atañe la Defensa Civil de la Nación y la seguridad interior”.
Al tratarse en la Cámara de Diputados este proyecto, el diputado Alvarez Pereira citando a
Alejandro Hamilton —uno de los padres de la Constitución Nacional de los Estados Unidos—
dijo: “Las circunstancias que ponen en peligro la seguridad de las naciones son infinitas”.
Asimismo, en el Senado se expresó que este proyecto de ley era de carácter preventivo; no es un
apresto bélico para decidir una guerra; es sólo una medida elemental de seguridad. Después se
citaba a Eisenhower, al que hice referencia recién, y agrega el miembro informante que “El proyecto
que se considera es indispensable a la seguridad de la Nación”.
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1986