Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

22 y 23 de octubre de 1986
670
la fuerza, el pueblo —que era la horda o tribu— en armas era el que se defendía contra la agresión
del vecino o, sino, atacaba para sobrevivir.
Posteriormente, cuando se organizan los Estados, no existe lo que se llama la policía sino las
Fuerzas Armadas, que eran las fuerzas del rey y también las de seguridad.
Más tarde se van dividiendo, pero esto no quita —por cierto— que si es necesario que las
Fuerzas Armadas intervengan en cuestiones internas por una razón de Estado, lo hagan, sobre
todo cuando está —como he hecho notar— en nuestra Carta Magna.
Son muchos los autores que consulté, pero me he quedado con uno solo, Linares Quintana,
que en su Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional, tomo LX dice: “Los poderes militares
son el sistema de atribuciones vinculadas con la existencia, la organización y el funcionamiento
de las Fuerzas Armadas, que la Constitución Nacional ha asignado exclusivamente a los poderes
Legislativo y Ejecutivo, con el propósito esencial y específico de la defensa de la patria y de la
Constitución, de acuerdo con los términos del artículo 21”.
También cita sobre el tema un estudio de César Enrique Romero, que se llama: Poderes militares
en la Constitución Argentina, Córdoba, 1945, páginas 17 a 19 y dice que “…resulta natural
la existencia de las Fuerzas Armadas en toda comunidad, a la par que su necesidad se vuelve
manifiesta, si se paran mientes en sus funciones exterior e interior; asegurar y mantener la personalidad
internacional en lo externo, como hemos dicho, y resguardar la seguridad jurídica en la
vida interna de cada colectividad”.
Y dice Linares Quintana, después de citar a Martínez Paz: “Así como dentro del ordenamiento
institucional argentino, el Poder Judicial con la Corte Suprema a la cabeza es el guardián
jurídico de la Constitución, las Fuerzas Armadas, mediante el empleo de la fuerza organizada
jurídicamente, empuñan las armas también para la defensa del orden jurídico establecido por la
ley suprema de la Nación y, cuando las circunstancias lo imponen, para defender la soberanía de
la patria en el ámbito internacional”.
Es decir que las califica como “guardián jurídico del orden constitucional” y “defensoras de
la soberanía en el ámbito internacional”.
Más adelante dice: “…Dentro del Estado constitucional, a las Fuerzas Armadas les compete
el trascendental papel de defensoras de la Constitución y la soberanía de la Nación, pero bajo
el control y sujetas a la decisión de las autoridades civiles…”. Luego continúa: “…Por eso, asimismo,
es que nuestra ley fundamental en su artículo 21, establece que “todo ciudadano argentino
está obligado a armarse en defensa de la Patria y de esta Constitución, conforme a las leyes
que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo Nacional”. O sea, que tal sagrado
deber de empuñar las armas para defender la patria y la Constitución, debe cumplirse “conforme
a la ley”, que es lo que nosotros tenemos obligación de hacer.
Dice luego José Manuel Saravia, en un interesantísimo estudio sobre la función de las Fuerzas
Armadas en la democracia: La función de las Fuerzas Armadas en la democracia, Revista jurídica
de “Ciencia Política”, número 3, enero-junio 1961, página 16, expresa que “la institución militar
es el brazo armado de la Constitución. No detenta la exclusividad del poder físico del Estado
como mero privilegio”. Más adelante: “entre aquellas responsabilidades, la defensa de la patria
y de la Constitución ocupa el lugar primero… El deber militar no se agota, pues, en la defensa
heroica contra quien pretenda violentar nuestras fronteras. La Patria y la Constitución pueden
ser destruidas desde adentro, como lo demuestra dolorosamente la experiencia casi universal en
los últimos quince años”.
Y ustedes seguramente habrán leído hace pocos días en La Nación en artículo del profesor de
derecho constitucional de la Universidad Nacional de La Plata, el doctor José Luis Lazzarini, que
ha sido también legislador nacional, de manera que muchos de los legisladores aquí presentes lo
conocerán. En la parte que nos interesa —que por su brevedad me voy a permitir leer—, dice lo
siguiente: “Consideramos que el artículo 2º del proyecto de ley de Defensa Nacional, que limita