Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

22 y 23 de octubre de 1986
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medidas que se tenían que ir tomando. Es decir que nunca —de acuerdo con lo que estoy demostrando
en esta exposición— se ha discutido en las leyes militares la subordinación del poder
militar al poder civil.
Lo que ha ocurrido, señores senadores, es que durante muchas épocas han transitado gobiernos
militares, con lo cual las cosas se confundían, pues el poder civil era, en realidad, militar.
Pero refiriéndose desde el punto de vista legal, las normas han sido muy claras en este aspecto.
La ley 17.649 de movilización —y no entraré en su comentario detallado— es expresa respecto
de la directa actuación del presidente. La denominada ley 16.964, de creación del Sistema
Nacional de Planeamiento y Acción para el Desarrollo —que se integra con la ley 16.970— es
clara en ésta cuestión. La ley 18.020, de creación del Consejo Nacional de Ciencia y Técnica —todavía
vigente—, también coloca al presidente de la Nación como presidente de este organismo.
La ley 19.276, por la que se crea la Secretaría de Planeamiento y Acción de Gobierno y la 20.218,
referida al Servicio Civil de Defensa, son igualmente esclarecedoras.
Luego llega el proyecto de la señora Isabel Martínez de Perón. En su artículo 6º, se establece
que al presidente de la Nación, en su carácter de jefe supremo, le compete la máxima responsabilidad
en la dirección superior de la Defensa Nacional y como comandante en jefe de las Fuerzas
Armadas la conducción superior de éstas. Luego se hace referencia a la dependencia de los organismos
que se creaban con relación al presidente de la Nación, al Comité Militar presidido por
éste y cómo se componía en caso de guerra, ocasión en la que el presidente de la Nación podía
declarar también teatro de operaciones, zonas de emergencia, requisiciones y otros aspectos.
Es decir, de ninguna manera el proyecto que estamos considerando aporta algo novedoso
sobre esta cuestión. Inclusive, la ley 20.524, de ministerios, de la época del justicialismo —21 de
agosto de 1973—, crea el Consejo de Defensa, presidido por el ministro de Defensa e integrado
por secretarios, que tendría las atribuciones y funciones que la llamada ley 16.970 otorgaba a la
Junta de Comandantes en Jefe. En consecuencia, durante el gobierno justicialista, mediante la
ley de ministerios 20.524 se suprime la Junta de Comandantes en Jefe y las facultades que tenía se
trasladan a un ente civil presidido por el ministro de Defensa.
Con respecto a la acción militar conjunta, tema del que tanto se ha hablado en la Cámara
de Diputados —en este recinto se ha sido un poco más medido, quizás porque son menos los
legisladores que han usado de la palabra—, tampoco es un descubrimiento del proyecto que
tratamos. Sobre este asunto podemos empezar a citar la ley 13.234, de la que voy a comentar
solamente su artículo 12 y parte del 13. El artículo 12 señala que: “El Gabinete de Seguridad
Exterior, a los efectos de la preparación y conducción de la guerra y de la mayor coordinación
de las Fuerzas Armadas en las operaciones conjuntas —repito, operaciones conjuntas— será
asistido en forma permanente por el Estado Mayor de Coordinación —repito, Estado Mayor de
Coordinación—, el que le estará directamente subordinado y se integrará con jefes y oficiales de
los estados mayores generales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea”.
El artículo 13 de la citada ley dice que: “En caso de guerra o de su peligro inminente, el presidente
de la Nación procederá a la designación del comandante supremo de las Fuerzas Armadas
para la dirección integral de las operaciones, salvo que asuma personalmente el cargo”.
“A los efectos de la conducción de las operaciones, el comandante supremo de las Fuerzas
Armadas dispondrá como órgano asesor del Estado Mayor de Coordinación, el que dependerá
directamente del presidente de la Nación…”.
Señor presidente: de la ley 16.970 voy a citar solamente los artículos 20 y 32, resaltando que
es muy copiosa la enunciación que debería hacer para demostrar que la acción militar conjunta
ha existido también en esta normativa.
El artículo 20 expresa: “Compete al Comité Militar: a) Planear la estrategia militar y la conducción
estratégica de las operaciones militares; b) Asignar responsabilidades operativas y logísticas
a cada fuerza armada de acuerdo con la planificación estratégica; c) Establecer comandos