Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

22 y 23 de octubre de 1986
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de la Nación, y no aquellas Fuerzas Armadas que buscan destruir a los gobiernos legitimados por
la voluntad popular.
“10. Consideramos que este planteo integral contiene las precisiones necesarias para resolver
adecuadamente las relaciones entre el poder militar y el poder civil en todas las áreas que hacen
a la defensa y para terminar con el largo desencuentro entre pueblo y Fuerzas Armadas, reencauzando
a estas últimas en la misión para la cual han sido formadas y que les corresponde como
parte integrante de la Nación.”
Señor presidente: para finalizar diré que con esta normativa abolimos la doctrina de la
Seguridad Nacional y establecemos la doctrina de la Defensa Nacional, que permite defendernos
con todos nuestros recursos frente a un tipo de agresión no militar como la que hoy soportamos
y que nos empuja a una dependencia creciente en los terrenos productivos, tecnológicos,
financieros, etcétera. Esto se produce en el marco de un orden internacional injusto, en el que
debemos restituir nuestra libertad de acción y nuestra plena realización.
Consideramos, en último término, que este planteo contiene las precisiones necesarias para
que todo el sistema de defensa pueda cumplir adecuadamente con la misión para el que fue
creado. Dijimos que de las bondades que exhiba su capacidad de defensa depende en buena medida
la subsistencia futura de la Nación Argentina. De allí se deriva la importancia fundamental
que reviste la legislación sobre este tema, por lo que hemos tratado de obtener el mayor consenso
posible sobre la cuestión.
Esperamos que nuestro esfuerzo compatibilizador cumpla con estos requerimientos y sirva
también para sentar las bases de la unidad nacional que tanto reclama el pueblo argentino.
(Aplausos).
Sr. Presidente (Gómez Centurión).—Tiene la palabra el señor senador por Salta.
Sr. Bravo Herrera.—Señor presidente: considero que la primera obligación de todo Estado,
en cualquier parte del mundo y en todas las épocas, es proveer a lo necesario para su subsistencia
material.
Toda sociedad, al igual que todo ser en el orden de la naturaleza, tiende a vivir y, ante las
agresiones a su existencia, a defenderse, es decir, en última instancia de una actitud de ataque
contra ataque.
Todo país, desde que nace a la vida política, es objeto intermitentemente de agresiones grandes
o pequeñas, las que pueden no ser físicas sino culturales, económicas, etcétera, o puede estar
en peligro de ser víctima de esas agresiones.
Además, todo país tiene objetivos, los cuales pueden chocar con los intereses de otros países,
creándose de ese modo las hipótesis de tensión, de conflicto o de guerra y, en última instancia,
la guerra puede ser una realidad.
Proveer a esa realidad, a la existencia de la posibilidad de conflictos y a las necesidades de
defensa es, precisamente, lo que significa Defensa Nacional.
Nosotros podemos imaginar a un país que desatienda parte de sus obligaciones, pero no que
deje a un lado una cuestión tan esencial como es la Defensa Nacional. Si ésta no existe o es débil,
tarde o temprano el país negligente pagará su culpa con su existencia y otro más fuerte y previsor
lo someterá en forma total o encubierta.
A su vez, esa fundamental actividad tiene que ser reglada para establecer los derechos y las
obligaciones de la población y también qué autoridades serán las que asumirán el cumplimiento
de esta obligación de tanta gravedad.
En el orden nacional, tenemos una copiosa legislación sobre defensa, la mayor parte de la
cual es de gobiernos de facto. Comienza con el decreto 15.385/44 sobre creación de zonas de
frontera, que está subsistente hasta ahora, puesto que ha sido ratificado por la ley 12.913 el 19 de
diciembre de 1946.
El gobierno justicialista que asumió en el año 1946 ratificó ese decreto todavía vigente y dictó