Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

22 y 23 de octubre de 1986
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La norma legal que encuadra el instrumento militar de la Defensa Integral, cuál debe ser el
régimen al que se sometan, cómo debe constituirse, cuál ha de ser su despliegue, su operatoria y
su conducción, es de tan fundamental importancia, extensión, complejidad y detalle que, como
las restantes en esta enunciación, excede el título de una ley general.
Por eso se encomienda al Consejo la elaboración de los anteproyectos respectivos que permitirán
adecuar las Fuerzas Armadas a los principios, necesidades y criterios fijados en el presente
proyecto de ley de Defensa Integral y a las circunstancias que vive la Argentina.
En segundo lugar, la ley orgánica de producción para la defensa. Obviamente, éste es un
aspecto primordial de un sistema de Defensa Nacional, sobre todo en las actuales circunstancias
de acelerado desarrollo tecnológico. Baste mencionar a Mosconi, Savio, el brigadier San Martín
o los almirantes Domecq García y Portillo para comprender la importancia de los insumos y
producciones vitales que condicionan la autodeterminación de la voluntad de nuestro país en
cumplimiento de sus objetivos de defensa.
La tercera es la ley de organización territorial y movilización para la defensa. Desde luego
que no solamente debe pensarse en la organización territorial en función de teatro de operaciones
y sus normas de funcionamiento. Tan importante o más que eso es una normativa para
la ocupación pacífica de los espacios vacíos de nuestro territorio que hacen a una estrategia de
organización territorial.
También hemos tenido en cuenta las leyes orgánicas de las Fuerzas de Seguridad —Gendarmería
Nacional y Prefectura Naval—.
Cabría reiterar aquí gran parte de lo expresado respecto de las leyes orgánicas de las Fuerzas
Armadas, particularmente en cuanto a la necesidad de actualizar y compatibilizar con el sistema
de Defensa Integral, lo que hace a la misión, organización y función de las Fuerzas de Seguridad.
También hemos definido la ley de creación de un sistema nacional de información e inteligencia.
Desde muy antiguo es conocida la importancia decisiva de estar bien informados para
actuar con eficacia en las situaciones de conflictos. Es necesario que este sistema nacional asegure
una información oportuna y ajustada. Por otra parte, que los sistemas de control de sus
estructuras impidan maniobras delictuosas como aquellas en las que se han visto involucrados
recientemente funcionarios de estos organismos. A tales efectos de control resulta pertinente la
intervención del Poder Legislativo.
También hemos definido la necesidad de una ley de secretos de Estado, que debe procurar el
adecuado equilibrio entre la norma republicana de publicidad de los actos de gobierno y la preservación
del secreto que de ser conocido por los adversarios potenciales o reales de la Nación,
podría hacer peligrar su defensa.
En los artículos 13 al 18, inclusive, se establecen las condiciones y atribuciones del Comité
Militar y del Estado Mayor Conjunto.
Por el artículo 19 se organizan la Central Nacional de Inteligencia, que deberá funcionar de
acuerdo con una ley especial conforme con lo establecido en los artículo 11 y 12 del proyecto, tal
como lo ha propuesto también el señor senador Amoedo.
Los artículos 20 a 24 se refieren a la organización de las Fuerzas Armadas. Y los artículos 25 a
34 tratan de la organización territorial y movilización.
El artículo 35 establece la transitoriedad de las disposiciones de los artículos 29 a 34, que regirán
hasta la sanción de la legislación definitiva, de acuerdo con lo establecido en los artículos
11 y 12 de la presente ley.
El artículo 36, dispone que deberán contar con la aprobación del Congreso todos los acuerdos,
convenios o tratados de carácter militar y de inteligencia. Consideramos a este respecto
que la constante y prolongada presencia de gobiernos de facto que signó la vida argentina en
los últimos años, dejó entre sus muchos saldos negativos la existencia de vínculos militares con
potencias extranjeras que al no haber sido aprobados por el Congreso de la Nación carecen en