Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

28a. reunión - 22a. sesión ordinaria
Sr. Presidente (Gómez Centurión).—Tiene la palabra la señora senadora por Santa Fe.
Sra. Gurdulich de Correa.—Señor presidente: antes que nada corresponde señalar algunos
aspectos fundamentales que han hecho posible una compatibilización entre el proyecto oficial y
el nuestro.
En primer término, coincidieron no sólo estos proyectos sino también los senadores en la necesidad
de superar el ordenamiento legal vigente, que corresponde a la doctrina de la Seguridad
Nacional y que básicamente está sustentado en el decreto ley 16.970 de 1966. En realidad, para
nosotros esta doctrina es anterior y se remite a 1955, cuando organizaciones nacionales y populares
fueron caracterizadas como enemigas de la Nación y tratadas como tales. Esto ha merecido
unánime repudio a nivel internacional. Podemos tomar como ejemplo el documento de la
Conferencia Episcopal de Puebla que la definiera más que como una doctrina como una ideología
que se impuso desde el exterior a los países latinoamericanos y que tenía como uno de sus
instrumentos la utilización de las Fuerzas Armadas.
Señor presidente, del mismo modo consideramos necesario terminar con la contradicción,
que tanto daño ha hecho a nuestro país, entre las Fuerzas Armadas y el pueblo y entre el poder
militar y el poder civil, contradicción que a los únicos a quienes puede servir es a los enemigos
externos, a los que atentan contra nuestra Nación, y que ha perjudicado tanto la vida política de
nuestro país en los últimos años. Creo que debe terminarse y que esta legislación intenta aportar
algo en este sentido.
En segundo término, hemos considerado a la defensa como la integración y la acción coordinada
de todas las fuerzas morales y materiales de la Nación, sin restringirnos a un enfoque netamente
militarista. Esta idea de la defensa como integración de las fuerzas nacionales está presente
en el artículo 2 o del proyecto oficial y en los artículos 2° y 3° de nuestro proyecto.
Ello implica la necesidad de sancionar una ley básica o ley marco a fin de establecer las bases
doctrinarias y un sistema de conducción que permita cubrir en un futuro la totalidad de la problemática
de la defensa, la reorganización de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad,
la necesidad de recomponer la producción para la defensa, la creación de un sistema nacional de
información e inteligencia, la organización territorial y movilización, entre otras cosas. Todos
estos instrumentos legales son indispensables para sostener esta concepción integral.
Señor presidente: las coincidencias conceptuales apuntadas han hecho posible establecer un
criterio compartido en torno a la problemática de la defensa y nos han permitido ubicar las diferencias
en el plano operativo que tenían ambos proyectos en un marco no protagónico.
En el título I del proyecto compatibilizado, llamado “Principios fundamentales”, en sus artículos
1 o y 2°, queda aclarado el carácter integral y permanente de la defensa, estableciendo los
medios y objetivos a alcanzar. El artículo 3º define con exactitud el ámbito geográfico en que la
Argentina debe desarrollar su política de defensa.
El artículo 4º, por su parte, expresa el doble contenido: por un lado, como derecho de todos
los argentinos a participar en la defensa, como una prolongación de su defensa propia en el
campo colectivo, y, por otro lado, como deber establecido en el artículo 21 de la Constitución
cuando en su primera parte expresa: “Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa
de la Patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a
los decretos del Ejecutivo Nacional”.
Señor presidente: consideramos que con estos cuatro artículos queda suficientemente aclarado
lo que hay que defender, los medios a emplear y el ámbito geográfico de aplicación, así
como también el doble sentido de derecho y deber que encierran para los argentinos las previsiones
y acciones de un sistema de defensa concebido en forma integral.
Pasando ahora al título II, que definimos como “Órganos y misiones”, en el artículo 5º se
ratifica la atribución del presidente como jefe supremo de la Nación y su competencia y responsabilidad
en la conducción de la defensa de acuerdo a nuestros enunciados constitucionales.
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1986