Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

22 y 23 de octubre de 1986
616
Savio, del brigadier San Martín o los almirantes Domecq García y Portillo, marcaron
las bases de la producción, de explotación del petróleo, la siderurgia, la energía
nuclear, la industria aeronáutica, mecánica o naviera. Pero también podemos
recordar la amarga experiencia vivida en la lucha de Malvinas, por el insuficiente
desarrollo de nuestra industria militar. Por ende, la legislación para reglar esa actividad
productiva no puede separarse de un verdadero Sistema de Defensa Integral.
c) Ley de organización territorial y movilización para la defensa: es una visión estrecha
reducir este tema a la definición de los teatros de operaciones y las normas para
su funcionamiento, la ocupación pacífica por los más diversos medios de los vastos
espacios vacíos de nuestro territorio también debe contemplarse en una ley de organización
territorial. A la vez, la ley de movilización para la defensa debe contener
las normas correspondientes al servicio militar, al servicio civil y la organización
de la Defensa Civil.
d) Leyes orgánicas de las Fuerzas de Seguridad (Gendarmería Nacional, Prefectura
Naval y Policía Aeronáutica) y de la Policía Federal. Cabría reiterar aquí gran parte
de lo expresado respecto de las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas, particularmente
en cuanto a la necesidad de actualizar y compatibilizar con el Sistema de
Defensa Integral, lo que hace a la misión, organización y función de las Fuerzas de
Seguridad y la Policía Federal.
e) Ley de creación de un sistema nacional de información e inteligencia. Ya desde Sun
Tzu es conocida la importancia decisiva de la información para la acción exitosa en
el conflicto. En nuestro país y en esta materia podemos decir lo peor que puede elecirse
de un servicio: que no sirve. Y afirmamos que, más allá incluso de los escándalos
delictuosos en los que se ven involucrados con frecuencia excesiva funcionarios
de estos organismos los servicios de información e inteligencia del Estado,
adolecen de dos defectos esenciales que es perentorio superar por una ley que regle
su funcionamiento. El primer defecto es su notoria ineficiencia en su función de
reunir información y producir inteligencia, en tiempo y forma adecuados a los
requerimientos de la Nación. El otro es carecer de todo control, particularmente el
que debe ejercer el Poder Legislativo, que impida la deformación de las estructuras
que, según lo prueba la experiencia nacional en materia, pueden tormarse peligrosas
para los argentinos e inicuas para nuestros oponentes.
f) La ley de secretos de Estado, que debe procurar un adecuado equilibrio entre la
norma republicana de publicidad de los actos de gobierno y la preservación del
secreto que de ser conocido por los adversarios potenciales o reales de la Nación,
podía hacer peligrar su defensa.
En el título IV, de disposiciones generales, el artículo 15 dice: “Derógase y cesa de inmediato
en su aplicación todo acuerdo, convenio o tratado de cualquier tipo de carácter militar que vincule
a las organizaciones e instituciones de la Argentina con organismos, instituciones o empresas
del extranjero que no contare con la aprobación expresa del Congreso de la Nación”.
La constante y prolongada presencia de gobiernos de facto que signó la vida argentina en los
últimos años dejó entre sus muchos saldos negativos, la existencia de vínculos militares con potencias
extranjeras —sean éstos de la naturaleza que fueren— que por no haber sido aprobados
por el Congreso de la Nación carecen de verdad de efectiva validez jurídica y pueden comprometer
la independencia nacional. De allí que este artículo se proponga abolir en forma genérica
esa irregularidad.
Los restantes artículos son de forma.
Finalmente expresamos que no padecemos de la enfermedad nominalista que lleva a atribuir