Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

22 y 23 de octubre de 1986
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el precedente y se agrega que la utilización de la totalidad de los medios y recursos nacionales
se encaminará a “prevenir o superar los conflictos de toda índole que puedan afectar el cumplimiento
de dichos objetivos”. Importa aquí precisar que el término “conflicto” está tomado
según tercera acepción que le asigna el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española,
en cuanto lo define como “antagonismo, pugna, oposición”. Se prefirió acudir a esta expresión
por considerar que tiene un alcance más abarcativo que “agresión”. Efectivamente, el mismo
diccionario atribuye al término “agresión” tres acepciones aplicables a esta materia. La primera
es “acto contrario al derecho de otro”. Se entendió que pueden existir —y de hecho existen—
antagonismos y oposiciones de poderes ajenos a la Argentina que pueden afectar a cualesquiera
de los objetivos enumerados en el artículo 2º, aún antes de obrar por medio de un “acto”. De
allí que se haya afirmado en este artículo que los medios y recursos de Defensa Integral deben
encaminarse, no sólo a superar los conflictos puestos en acto, sino también a prevenir aquellos
conflictos (entendidos, lo reiteramos, como antagonismo, pugna u oposición) que existan en
potencia. Más circunstanciadas aún que la primera analizada, son las otras dos acepciones dadas
por el diccionario al término “agresión” (“ataque armado de una nación contra otra, con violación
del derecho” y “ataque rápido y por sorpresa, realizado por el enemigo considerado injusto
o reprobable”), lo que fundamenta el empleo del más general, abarcativo y a la vez preciso de
“conflicto”. Va de suyo a partir de la lectura de los objetivos enunciados en el artículo 2º, que
esos conflictos expresan la voluntad de un poder susceptible de antagonizar, pugnar u oponerse
a aquellos objetivos, sea teórica o prácticamente.
El artículo 4º fija el ámbito de aplicación de la defensa que, porque debe ser integral, abarca
“todos los espacios y aspectos de la vida nacional en el territorio continental, la Antártida, islas
Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur”. La expresa enunciación de la porción antártica y
austroinsular de nuestro territorios responde al debate que se pretende introducir sobre la legitimidad
de nuestros derechos soberanos sobre la porción argentina del casquete polar y a la
usurpación de nuestros legítimos derechos sobre las islas mencionadas por parte de la potencia
colonial ocupante. En el mismo artículo, su último párrafo asevera que el ámbito de nuestra defensa
integral “se extiende al espacio que hace a los intereses argentinos, especialmente América
y los océanos Pacífico y Atlántico Sur”. Esta cláusula precisa la legitimidad del ejercicio de la defensa
integral de nuestros intereses en todo el continente al que pertenecemos ineludiblemente,
ratificando así, en modo taxativo nuestra integración al mismo y dejando a un lado el frívolo
“europeísmo” que enajenó durante demasiado tiempo la conciencia de los argentinos, restando
nuestra pertenencia a un americanismo que está en nuestra naturaleza esencial. Se establece que
también haremos efectiva la defensa de los intereses nacionales en las porciones marítimas que
constituyen nuestra zona de influencia natural, cual son el sur de los océanos Pacífico y Atlántico,
en la inteligencia de que no habrá destino trascendente para la Argentina si no asumimos una
firme conciencia bioceánica.
El artículo 5º y último de este primer título, expresa el contenido dual que la participación
en la defensa supone para “habitantes, organizaciones y organismos de la Nación Argentina”,
por cuanto constituye un derecho —el de ejercer la defensa propia, que es casi la extensión del
instinto de conservación— y un deber marcado por la Constitución Nacional en su artículo 21
en cuanto expresa: “Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la Patria
y de esta Constitución conforme a las leyes que al efecto dicte el y los decretos del Ejecutivo
Nacional…”.
El título II del proyecto alude en siete artículos a los órganos de conducción de la Defensa
Integral.
El artículo 6º atribuye al presidente de la Nación —como jefe supremo de la misma— la
responsabilidad y competencia en la conducción político-estratégica de la Defensa Integral y su
sistema, de acuerdo a lo que marcan los preceptos constitucionales y la tradición argentina.