Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

22 y 23 de octubre de 1986
TÍTULO IV
Disposiciones generales
Art. 15.—Derógase y cesa de inmediato en su aplicación todo acuerdo, convenio o tratado de
cualquier tipo de carácter militar que vincule a las organizaciones e instituciones de la Argentina
con organismos, instituciones o empresas del extranjero que no contare con la aprobación expresa
del Congreso de la Nación.
Art. 16.—Queda derogada toda disposición legal que se oponga a lo establecido en la presente
ley.
Art. 17.—La presente ley no requiere de reglamentación para ser promulgada.
Art. 18.—Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana I. Gurdulich de Correa — Vicente L. Saadi
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Señor presidente:
Fundamentos
De las bondades que exhiba su capacidad de defensa depende en buena medida la subsistencia
de la Argentina como Nación. Por sí solo ello bastaría para dar cuenta de la trascendencia que
inviste la legislación que debe dictarse sobre este particular.
Asimismo, según supo definirlo con claridad el teniente general Juan Domingo Perón en
1944, la Defensa Nacional tiene como una de sus cualidades esenciales su integralidad y en consecuencia
la necesidad de que participen activamente de la misma todos los componentes de la
comunidad.
Si tal es la trascendencia de esta norma legislativa y todos los habitantes de la Patria tienen
el derecho y el deber de contribuir a su defensa, es lícito pretender que la legislación que la regle
sea la expresión armónica y conciliada de las diversas valoraciones que existen en la materia,
contando para su sanción con el mayor consenso posible.
Por lo demás, el Parlamento tiene ahora una ocasión singular para contribuir mediante las
leyes que dicte, a abolir definitivamente la aplicación de la llamada “doctrina de la Seguridad
Nacional” que durante demasiado tiempo invirtió el sentido en que deben estar orientadas las
armas de la Patria. En efecto, desde el golpe de Estado de 1955 en la práctica y desde el dictado
del decreto ley 16.970 de 1966 en los principios contenidos en un cuerpo legislativo global (si
por tal aceptamos aquella norma del “de facto”), quienes ejercieron el gobiemo y ocuparon las
posiciones preeminentes en el Estado identificaron —falsa y alevosamente— a las organizaciones
nacionales y populares como si ellas fueran enemigas de la Nación. Dicen bien los obispos
de América latina en el Documento de Puebla que esa concepción de la “Seguridad Nacional”
resulta “de hecho más una ideología que una doctrina”. En el mismo documento se afirma que
esa ideología “está vinculada a un determinado modelo económico político, de características
elitistas y verticalistas que suprime la participación amplia del pueblo de las decisiones políticas”.
Y agregan más al expresar que esa ideología sirve, indistintamente, al sistema liberal capitalista o
al marxista, “atentatorios ambos contra la dignidad del hombre y que nuestra América se ve encerrada
entre esas dos opciones y permanece dependiente de uno u otro en los centros de poder
que canalizan su economía”.
Por eso decíamos al principio que esa ideología invirtió el sentido de las armas de la Patria,