Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

21 de agosto de 1985
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Sr. Presidente (Pugliese).—Se va a votar el artículo 22, tal como ha sido despachado por las
comisiones.
—Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Pugliese).—En consideración el artículo 23.
Se va a votar.
—Resulta afirmativa.
—Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos
24 y 25.
Sr. Presidente (Pugliese).—En consideración el artículo 26.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Melón.—Señor presidente: en este artículo nos encontramos otra vez con una de las obligaciones
que, tratándose de cargas públicas dentro de la ley de defensa, exigen a los ciudadanos
proporcionar información. Creo que cabría precisar de alguna manera la cuestión sobre qué tipo
de información debe darse y cuáles son los límites de la misma.
Pienso que tendríamos que redactar el artículo conforme al siguiente texto: “Proporcionar
información salvo en las cuestiones relativas a la política interna del país o a la vida privada de los
ciudadanos, que no podrán constituir en ningún caso hipótesis de trabajo o misión de organismos de
información o inteligencia alguna”.
Voy a pedir disculpas al cuerpo por ser reiterativo en este tema, y quizás monótono, pero
creo que estamos directamente ingresando en un tema de información e inteligencia que incluso
supera el ámbito de la ley de Defensa Nacional. Entiendo que estamos incluso acercándonos al
borde del nivel de las obligaciones de conciencia de cada legislador con su partido o con el proyecto
del Ejecutivo o de la oposición, según donde esté ubicado. Eso se debe a que el no encuadramiento
de los servicios de inteligencia y de información del Estado pone en peligro algo que
todos nos hemos comprometido a defender: la existencia misma del sistema democrático.
No hace mucho tiempo en este mismo recinto nosotros escuchamos de muy buena fe, y lo
seguimos creyendo, la información de que podía existir un golpe de derecha y que podía estar en
peligro la vida del propio presidente de la Nación.
Teniendo en cuenta la información que se dio en los diarios hemos llegado a la conclusión
de que esa información fue proporcionada por integrantes del viejo aparato que funcionó entre
1976 y 1983, y que fue comprada por algún funcionario del Poder Ejecutivo durante el funcionamiento
de la democracia.
Todos somos testigos, porque parece muy difícil creer que la cuestión no tuviese que ver
con el tema, de algo que algunos de los componentes de esta Cámara tuvieron oportunidad de
presenciar el año pasado. A pesar de que en ese momento nos comprometimos a guardar reserva
sobre la cuestión, creo que ese compromiso está roto porque el mismo involucrado, es decir el
doctor Pena, quien era en ese momento secretario de Informaciones del Estado, ha roto ese silencio
al declarar sobre la reunión que mantuvimos en la Comisión de Defensa. Los legisladores
queríamos consultar a ese funcionario bajo reserva acerca de qué había pasado con los servicios
de información y qué transformaciones se habían producido en ellos después de la llegada de la
democracia. Detuvimos la consulta al señor secretario cuando él nos confesó que en dos oportunidades
durante el período de su gestión habían entrado en su casa; en la primera le habían
robado algunos objetos de poco valor que eran de uso personal de su esposa, y en la segunda se
habían limitado a dejarle la tarjeta de visita, o sea habían revuelto su departamento.
Creo que con esto no voy a hacer variar la opinión que tiene la bancada mayoritaria. No la voy
a modificar diciendo que el presupuesto de los servicios de inteligencia sigue siendo cerrado, no
desglosado y de uso reservado en el presupuesto nacional. Estimo que tampoco voy a modificar