Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

21 de agosto de 1985
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Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr. Manzano.—Señor presidente: digamos que el señor diputado Vanossi me ha entendido.
Se trata de un giro de ciento ochenta grados y la reflexión tiene mucho valor, porque frente a
aquel Poder Ejecutivo que en forma reiterada pedía a sus legisladores que sobre la base del número
transfirieran funciones, esperamos que este otro llegue a un final diferente.
Con relación a lo manifestado por el señor diputado Zubiri en el sentido de que el último
párrafo del artículo 8º debería aventar mis dudas, quiero aclararle que no es así y le voy a dar la
explicación con ejemplos.
Tal como figura redactado este último párrafo, su incumplimiento implicaría una violación
a los deberes del funcionario público. Esto podría sintetizarse en lo siguiente. Un grupo
de inteligencia utiliza mecanismos electrónicos de espionaje, de seguimiento y de acción en
un determinado lugar, con fondos del Estado. Entonces, infiltra un centro de estudiantes o
un sindicato, graba lo que se dice en las reuniones, participa de la toma de establecimientos,
promueve conflictos, genera disturbios y posteriormente se descubre que ha estado haciendo
eso durante mucho tiempo, aplicándose una pena por violación a los deberes del funcionario
público. La sanción llega después que se ha perseguido a los ciudadanos con los fondos que
ellos mismos pagan.
Voy a dar un ejemplo menos dramático. Se instalan y se “pinchan” los teléfonos de centenares
de dirigentes políticos, escuchándose todo lo que se conversa. Algunos de esos dirigentes políticos
se vinculan con un servicio de inteligencia extranjero o privado que detecta y comprueba
que el servicio de inteligencia estatal ha estado grabando durante los últimos años estas conversaciones.
Se formula la denuncia y después de un largo procedimiento judicial se condena al funcionario
que ya ha sido separado de sus funciones por el Poder Ejecutivo. Pero en este caso deben
transcurrir dos años, se cambió de destino al funcionario y la sanción vuelve a ser tardía. La única
forma de aprisionar al chancho es agarrándolo. No se le puede sacar una foto, sino que hay que
agarrarlo y ponerlo en el chiquero. Entonces, o hay control previo o habrá que pensar que hay
control sobre los ciudadanos. Si las sanciones se aplican después de cometido el delito, y es un
delito grave contra la democracia, entonces es indispensable poner un contralor parlamentario.
Daré un tercer ejemplo. Supóngase una lucha interna del partido oficialista en una provincia.
Podría ocurrir que alguno de los participantes designe a una persona para que espíe a otra, y el
que ganó o perdió se entere luego de lo sucedido y haga la denuncia. A ese individuo lo reemplazan
y lo condenan, pero ha estado espiando durante ese lapso.
Entonces, señor presidente, aprovechemos esta oportunidad. Tenemos una democracia con
alto consenso, un presidente con elevado prestigio y el 90 por ciento de la ciudadanía dispuesta a
asumir el costo político y personal de someter los servicios de inteligencia al control del Congreso.
Hagámoslo ahora, porque quizás mañana sea tarde.
Sr. Presidente (Silva).—Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr. Stolkiner.—Señor presidente, señores diputados: lamento que entremos en un terreno de
divagaciones ejemplificativas y en temas totalmente atécnicos.
Estamos considerando el artículo 8º del despacho de la comisión y se está cuestionando aquí
la figura administrativa del secretario de Estado de Informaciones. Por el artículo 3º se precisa
con indudable exactitud que este organismo de la Defensa Nacional depende del Poder Ejecutivo.
Me extraña, señor presidente, que los distinguidos colegas de los bloques minoritarios, tan
susceptibles en otros aspectos cuando se trata de marcar supuestas e inexistentes transgresiones
al principio de división y de funcionalidad de los poderes públicos, pretendan en este caso, en lesión
constitucional evidente y en transgresión inadmisible al principio de división de los poderes,
que un secretario de Estado del Poder Ejecutivo sea designado con acuerdo del Senado.
Simplemente me permito leer la segunda parte del inciso 10 del artículo 86 de la Constitución
Nacional: “…por sí sólo nombra y remueve —el presidente de la Nación, el titular de nuestro