Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

21 de agosto de 1985
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Pero sucede que los presidentes de nuestro país —si Dios quiere y los argentinos hacemos las
cosas bien— van a salir en las próximas décadas de los partidos políticos, del mismo o de atrás,
pero de un solo partido y tendrán el poder de espiar y de intervenir en la vida de los ciudadanos
de todos los partidos.
La única manera de que esto cambie, la única manera de que sea la sociedad en su conjunto
la depositaria del poder de las centrales de inteligencia es que el Congreso tenga intervención.
Hemos pensado en dos escalas de intervención: el acuerdo senatorial para la designación y la
comisión parlamentaria de supervisión de los organismos.
Posteriormente vamos a proponer la publicidad periódica de los archivos de las centrales de
inteligencia. Esto no es una novedad sino que se basa en fundamentos históricos. En las democracias
consolidadas los servicios de inteligencia tienen control parlamentario. El llamado “caso
Watergate” ilustra acerca de que aun en democracias consolidadas puede haber casos de espionaje
electrónico y de cómo puede reaccionar una sociedad ante esos casos.
Nosotros estamos en condiciones de vacunarnos. De nada vale el argumento de que bajo
otros gobiernos constitucionales algunos ministros quizás se dedicaron a perseguir ciudadanos,
no por medio del espionaje electrónico sino llegando a la persecución física. Este no es el momento
de aquellos ministros; ellos están escondidos y nosotros damos la cara.
Este es un problema que supera a radicales, peronistas, intransigentes, demócratas cristianos
y ucedeístas. Es un problema de todos los ciudadanos que recuperamos la democracia y que queremos
repartir el poder, y no de los que creen que porque ganaron las elecciones tienen el poder
y que se van a quedar en el gobierno para siempre.
Debemos terminar con la creencia de que quien está amparado detrás de un batallón de inteligencia
se siente impune para “pinchar” un teléfono, espiar a un gobernador o perseguir a un
senador. Debemos colocar a los servicios de inteligencia bajo el control del Congreso. No hay
otra manera de que hagan inteligencia para la sociedad en su conjunto y no para un partido o
para el titular del Ejecutivo. No hay otra manera de que estas cuestiones se manejen con el sentido
verdaderamente pluralista de las democracias consolidadas, a las que no se puede acusar de
desviaciones socializantes porque corresponden a países industrializados de primera magnitud,
que han sido la propia cuna del capitalismo y han llegado a esta misma conclusión para que sus
ciudadanos no sean espiados en exceso y con fondos pagados por ellos mismos.
Es cierto que también se puede hacer espionaje desde servicios privados de inteligencia, pero
debemos procurar que por lo menos los servicios del Estado, ya que son pagados por los ciudadanos,
no se utilicen para espiar a quienes los sostienen.
Para concluir con mi exposición voy a hacer una breve referencia al último párrafo del
artículo, que establece que las cuestiones relativas a la política interna del país no podrán constituir
en ningún caso hipótesis de trabajo de organismos de inteligencia militares. Este párrafo
tiene la virtud de que su violación haría incurrir a los miembros de esos organismos en el delito
de violación de los deberes de funcionario público. Propongo suprimir el término “militares”.
También quiero destacar que al no haber un organismo de contralor, la sanción correspondiente
a esos casos emanada de vía judicial será tardía y no bastará. Insistimos en que debe controlarse
permanentemente el accionar de los servicios de inteligencia porque todos hemos sido
objeto de persecución por parte de ellos y no nos basta con la seguridad ofrecida por el Poder
Ejecutivo para controlar que esos organismos no se utilicen para vigilar la actividad política de
ciudadanos que pueden o no compartir las opiniones del partido gobernante.
La exigencia de mayores seguridades en ese sentido es un derecho legítimo, basado en la
estructura que para esos organismos tienen otras democracias. Por eso creemos que la incorporación
de la supervisión parlamentaria de la actividad de los servicios de inteligencia constituirá
un aporte que enriquecerá el dictamen que consideramos.
Sr. Presidente (Pugliese).—Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.