Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

23a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
Sr. Presidente (Pugliese).—En consideración el artículo 8º.
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr. Manzano.—Señor presidente: la estructura de los servicios de inteligencia planteada en
nuestro ordenamiento es absolutamente distinta a la del proyecto del oficialismo. Sin embargo,
habida cuenta de la posición adoptada por la comisión en este debate en cuanto a que la discusión
se realice sobre su despacho, y atendiendo a la concatenación de los artículos, me voy a permitir
proponer una modificación al artículo 8º del dictamen, que posteriormente fundamentaré.
En donde dice: “…órgano presidido por el secretario de Informaciones del Estado”, deberá
agregarse, a continuación de la coma, “…el que deberá contar con acuerdo del Senado para su
designación”.
Luego del punto final, debe incorporarse la siguiente expresión: “Una comisión especial del
Congreso de la Nación supervisará el accionar de ambos organismos”.
Lo que proponemos puede sonar a una interpretación de carácter —a mi juicio extraconstitucional—;
no inconstitucional porque no se trata de algo prohibido por la Constitución, pero
sí extraconstitucional porque en la Argentina la nueva democracia ha inaugurado la modalidad
de que en tanto no se trate de cosas expresamente prohibidas por la Constitución —todos hemos
coincidido en que debe ser cambiada la de 1853—, el Estado y la sociedad en su conjunto pueden
transitar el camino de las innovaciones generando en la práctica un nuevo plexo que deberá ser
recogido por las futuras modificaciones de la Constitución.
El acuerdo del Congreso dado por medio del Senado para la designación del titular de la
Secretaría de Informaciones del Estado tiene que ver con aceptar una realidad de las sociedades
modernas. Los servicios de inteligencia, espionaje y contraespionaje tienen más que ver en la
expresión de la política, en las acciones de los ciudadanos, en su seguridad y en la defensa de sus
garantías y derechos, mucho más que ver —reitero—, en algunos casos, que la propia justicia.
Si la sociedad requiere el acuerdo del Senado para la designación de jueces, con mucho más
rigor y con mucha más madurez debería requerir el acuerdo del Senado para designar quién esté
al frente, nada más y nada menos, que de la Central Nacional de Inteligencia.
El poder que ejercerá este funcionario será de gran magnitud y mucha su capacidad para conocer
secretos de Estado y acceder a la intimidad de la vida de las personas, porque a nadie cabe
duda de que en la sociedad moderna, con la nueva tecnología, no será suficiente la prohibición
que se introduce en el texto del proyecto y desde el Estado se podrá desarrollar espionaje electrónico
o por otros medios para conocer la actividad de los ciudadanos.
Sr. Vanossi.—¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?
Sr. Manzano.—No, señor diputado, no le concedo la interrupción. Luego usted tendrá que
defender su punto de vista.
Sr. Presidente (Pugliese).—Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr. Manzano.—Señor presidente: creemos que esto sí ayudará a terminar con la idea de la
superconcentración del poder en los funcionarios anónimos.
No voy a hacer referencia al affaire Guglielminetti, pero creo que es necesario reflexionar
sobre nuestra responsabilidad histórica en este momento en que hay un alto prestigio de la democracia
y de la figura presidencial y en que las instituciones funcionan plenamente. Esta es la
oportunidad histórica de poner a la luz del día lo que no está.
El acuerdo del Senado para el titular de la Central Nacional de Inteligencia hará de este cargo
lo que realmente es: un cargo de muchísimo poder, porque a medida que crezca la tecnología
crecerá el poder del titular de la Central Nacional de Inteligencia.
Me voy a referir al fundamento de toda esta reflexión y a por qué he mencionado el carácter
de extraconstitucional. Sin duda, esto podrá ser rebatido desde la tesis del principio presidencialista
del gobierno en la Argentina, desde la tradición presidencialista y desde el criterio de que el
secretario de Informaciones del Estado actúa con poder delegado por el presidente de la Nación.
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1985