Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

23a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
está contemplada con la inclusión del vicepresidente de la República, tal como ya lo expuse
anteriormente.
En cuanto al jefe del Estado Mayor Conjunto, su participación se explica en el Comité Militar,
como lo prevé el artículo 10 de la ley. Por estas razones la comisión no va a aceptar las modificaciones
propuestas.
Sr. Melón.—Pido la palabra para una aclaración.
Sr. Presidente (Pugliese).—Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Buenos
Aires.
Sr. Melón.—En la práctica moderna de los gabinetes de guerra, gabinetes de crisis o gabinetes
ejecutivos en caso de guerra, todos los ejemplos que conozco —la bancada oficialista se
fundamentó en las legislaciones de Alemania y España— dan lugar a la participación de miembros
del Parlamento o por lo menos de los presidentes de las comisiones de Defensa del Senado
y la Cámara de Diputados. Si bien considero que el vicepresidente de la Nación, según nuestra
Constitución, es presidente del Senado, siempre es representante del mismo sector político que
el Poder Ejecutivo. Por eso en muy pocos casos el vicepresidente de la Nación, como en la actualidad,
estará en contra de la política general del Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente (Pugliese).—Tiene la palabra el señor diputado por Capital.
Sr. Vanossi.—Ya el señor diputado Zubiri ha anticipado nuestra oposición a esa modificación.
Creo que la propuesta del señor diputado Melón parte de un error, porque confunde poderes
de mando con los poderes de organización que la Constitución ha distribuido adecuadamente
en esta materia.
Los poderes de mando pertenecen exclusivamente al presidente de la República, en tanto los
poderes de organización, en algunos casos que la Constitución determina, son compartidos entre
los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Cuando se trata de poderes de mando no podemos desmembrar la facultad del Ejecutivo
porque el artículo 86 de la Constitución, en sus incisos 15 y 17, los ha atribuido específicamente
al presidente de la Nación.
Sr. Presidente (Pugliese).—Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr. Manzano.—La consideración en particular del proyecto, después de las abundantes y
amplias fundamentaciones hechas en general, nos está llevando a una situación sin salida a raíz
del procedimiento que se aplica. Los perfeccionamientos que se podrían incorporar a la ley de
defensa en virtud de nuestro proyecto alternativo se van a perder en razón de este mecanismo
adoptado por la mayoría de la comisión de mantenerse férreamente en cada uno de los artículos.
Nosotros habríamos planteado una redacción que en sus primeros ocho o nueve artículos
—a estar a manifestaciones políticas de algunos señores legisladores— resultaba mucho más explicativa
acerca de las finalidades y de la definición del sistema. En cambio, con este mecanismo
ya estamos discutiendo sobre las atribuciones del Presidente y del Gabinete de Defensa, y perdemos
la posibilidad de brindar a la ley el marco de finalidades que habíamos otorgado al sistema.
Sin embargo, aparentemente la práctica legislativa o la titularidad partidaria de la ley son más
importantes que su coherencia. La reflexión que ahora quiero hacer es que estamos legislando
para terminar con la doctrina de la Seguridad Nacional y con la estructura jurídico institucional
que le dio basamento. Pero de continuar por este camino que propone la comisión, quedamos
amordazados a discutir las facultades del presidente y si son cuestiones de orden organizativo o
de mando, cuando lo que deberíamos debatir en este momento son las finalidades del sistema
y cómo se desestructura una cristalizada armazón jurídico institucional que posibilitó que la
doctrina de la Seguridad Nacional imperara en el país durante tantos años. Creo que es un poco
infantil no darnos cuenta de eso, y de que así estamos poniendo un cepo a la discusión.
Si sólo vamos a considerar los artículos que propone la comisión, que se aprueben sin ser leídos,
que se apruebe la ley radical y se termina la historia. En cambio, si se desea aceptar el debate,
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1985