Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

23a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
proceso histórico que nos llevó a nuestro actual estado de postración, yo lo caracterizaría como una
progresiva pérdida de nuestro sentido de la juridicidad”.
Sí, señores; éste es el contenido de fondo de la estructura que estamos tratando de armar.
Estamos tratando de ubicar el papel de las Fuerzas Armadas dentro de un marco de juridicidad
y de estado de derecho. De esa forma daremos a los argentinos, equivocados o no, el tratamiento
que les corresponde en justicia y colocaremos a las fuerzas de seguridad de la Nación en el marco
de lo puramente justiciable, dentro del contexto de la división de poderes y con el contenido profundo
con que la Constitución Nacional, con sabiduría e inteligencia, ha marcado al sistema para
defender a la sociedad argentina. Lo haremos con una idea sistemática de defensa de la soberanía
nacional que parte de lo más profundo, de lo más cercano a los cimientos de nuestro tejido social.
No nos asusta la concepción de Nación en armas a que hacían referencia los amigos de la primera
bancada opositora. Esto ya lo sabían los hombres que fundaron nuestra sociedad: si es necesario
defender a la Nación cada hombre de esta tierra tiene el deber constitucional de tomar las armas
para defenderla. Pero si es necesario programar la forma de actuación de las instituciones, tenemos
que dar un marco jurídico correcto para que cada uno tenga el deber que le corresponde
dentro de la propia Constitución.
El proyecto ha sido coherente ya que en definitiva pretende afirmar esta idea de la civilidad
argentina que se lleva a cabo con esperanza y paz, en la seguridad de que por medio de este mecanismo
no nos estamos preparando para una guerra circunstancial sino para la construcción de
la nacionalidad. (Aplausos).
Sr. Presidente (Pugliese).—Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Zubiri.—Señor presidente: a lo largo de este extenso debate se han expuesto con claridad
—creo yo— distintas posiciones vinculadas con esta ley de Defensa Nacional que trata la Cámara
de Diputados de la Nación.
No resulta necesario que me refiera a todas las exposiciones de los señores diputados porque
muchos de ellos han coincidido en distintos aspectos vinculados con la cuestión en tratamiento.
Pero sí voy a rescatar algo que me parece fundamental, que son los principales cuestionamientos
que se hacen en torno de este proyecto del Poder Ejecutivo Nacional.
No he de abundar en las consideraciones sobre la hipótesis de conflicto interno. A ello ya
me referí en mi primera intervención y también lo hicieron con claridad los distintos diputados
de esta bancada que hicieron uso de la palabra. Pero por si algo quedara todavía en duda,
simplemente voy a insistir en las prescripciones del inciso 17 del artículo 86 de la Constitución
Nacional, que establece que el presidente de la Nación puede disponer de las Fuerzas Armadas; de
modo que nadie debe temer que el país quede en un estado de indefensión ante la eventualidad
de cualquier rebrote subversivo. Por un lado tenemos la Constitución Nacional, pero también
están las fuerzas de seguridad de la Nación, a lo cual ya me referí al decir que Gendarmería tiene
14.000 hombres; Prefectura, 12.000, y la Policía Federal, 45.000. También dije que la subversión,
en su momento más culminante, no alcanzó a sobrepasar los 15.000 efectivos. Es decir que están
dadas todas las condiciones para hacer frente con éxito a una eventualidad de esta naturaleza.
Ésta es una parte de los cuestionamientos y creo que ya se ha contestado con amplitud que no es
conveniente ni necesario introducir en el articulado de la ley las hipótesis de conflicto interno.
Por otro lado se ha hecho otro tipo de críticas. Me voy a referir expresamente a las del señor
Cavallaro, que ha expuesto con sensatez y profundidad —como un verdadero conocedor
del tema que es— las insuficiencias que a su juicio padecería este proyecto del Poder Ejecutivo
Nacional. Yo creo que se trata de una mera cuestión de palabras. Entiendo que se trata de poner
mayor o menor énfasis, pero en definitiva los dos estamos diciendo prácticamente lo mismo. El
señor diputado Cavallaro dice que es un grave error que el artículo 2º no distinga la naturaleza
de la agresión. Ocurre que cuando hablamos de agresión nos referimos a un concepto técnico,
no a la idea vulgar que se tiene de ella y que está definida con precisión en la resolución 3.314 de
539
1985