Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

21 de agosto de 1985
526
el estado de paz. La concepción opuesta supone que todo es conflicto y, consiguientemente, que
la paz no existe.
Para el radicalismo, ciertamente, los conflictos son una realidad; negarlo sería una ingenuidad.
Pero, además, para el radicalismo existe la paz. Y si bien desde la paz es válido y útil planificar
para la posibilidad de la guerra o del conflicto, de manera de abarcar las acciones correspondientes
a todos los ámbitos, el proyecto en consideración sólo concibe la aplicación de tales
previsiones en caso de conflicto o de guerra, y no en épocas de normalidad. En cambio, si se
supone que el conflicto es permanente, las estrategias serán de aplicación también permanente.
De la suposición de que ese conflicto es permanente y total se desprende en línea directa la
supuesta necesidad de prever el conflicto interno. Sobre este aspecto característico de la doctrina
de la Seguridad Nacional se han efectuado ya suficientes referencias el jueves pasado y en el día
de hoy, por lo que evitaré seguir ocupándome de ello.
También se afirma que el proyecto es excesivamente presidencialista, sosteniéndose además
que el primer magistrado en soledad tendrá que decidir sobre proposiciones y alternativas que le
acercarán los órganos que habrá de crear la ley.
No se advierte la existencia de esa soledad en el despacho de la mayoría y eso ocurre por
la existencia del Gabinete de Defensa Nacional, constituido por el presidente de la Nación, el
vicepresidente y los ministros de Defensa, del Interior, de Relaciones Exteriores y Culto y de
Economía, como también por “miembros de otros poderes y personas cuyos conocimientos
el presidente de la Nación considere de utilidad para los asuntos específicos que hubieren de
tratarse”.
Desvanecida la soledad, entonces no cabe sino suponer que se objeta la circunstancia de que
sea el presidente de la Nación quien adopta todas las decisiones, y en ese orden de ideas se debe
concluir que se propone que decisiones como la hipótesis de conflicto y de guerra, adopción de la
estrategia, de planes y acciones, planeamiento de guerra, etcétera, sean tomadas por el Congreso.
En tal hipótesis cabe destacar que el proyecto de ley de defensa presentado por el Poder
Ejecutivo Nacional en momentos en que estaba a cargo de la señora María Estela Martínez de
Perón, muy lejos ciertamente de asignar tales funciones al Parlamento estableció la posibilidad
de ejercicio por parte del Comandante del Teatro de Operaciones de la totalidad del gobierno civil
del área comprendida, supuesto equivalente al de intervención federal y sin la aprobación del
Congreso, y la facultad para el presidente, de declarar “zona de emergencia” a parte o partes del
territorio nacional en el caso de conmoción interior, con atribución para el comandante de dicha
“zona de emergencia” de “dictar bandos y crear los tribunales militares correspondientes”, y
subordinando incluso “total o parcialmente las autoridades con jurisdicción dentro de la zona”.
Ello con una simple “comunicación” al Congreso y sin su conformidad.
También aquel proyecto daba facultad a los comandantes de tales zonas para disponer el
empleo de la fuerza “para reprimir, perseguir, o detener a los atacantes aun fuera de los límites
de las zonas militares”. El establecimiento en sí de las zonas militares quedaba asimismo a cargo
del Poder Ejecutivo.
No puede menos que llamar la atención la escasa coherencia puesta de manifiesto por el
justicialismo en cuanto a postular, cuando ejercía el gobierno, un desusado incremento de las
facultades del Poder Ejecutivo hasta el punto de someterle los derechos y garantías individuales,
mientras que ahora que es oposición pretende transformar el sistema presidencialista imperante
en la Argentina en un régimen parlamentario no adaptable en modo alguno a las normas
constitucionales.
Todas las leyes dictadas en el país en materia de Defensa Nacional, incluyendo la 13.234 dictada
por el gobierno justicialista, han dejado en manos del presidente de la Nación las decisiones
correspondientes al ámbito de la Defensa Nacional. Ello no deriva exclusivamente de la circunstancia
de ser tal temperamento el que mejor consulta la letra y el espíritu de la Constitución