Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

23a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
en el uso de la palabra, hubo necesidad de presentar un proyecto justicialista alternativo del cual
sólo voy a enumerar los principios básicos en los que nos fundamos y respecto de los cuales creemos
que ineludiblemente deben estar incorporados a la norma en consideración.
En primer lugar, se sostiene el carácter social de la Defensa Nacional introduciendo el
concepto de defensa cuando la agresión se produzca por medios no convencionales. Alguien
me preguntará cuáles son esos medios no convencionales y si ello no significa entrar por la
ventana en el conflicto interno. Yo respondería diciendo que para la República Argentina
un medio de agresión no convencional es, por ejemplo, la acción del Fondo Monetario
Internacional; que a nadie le quepa duda. Otro es la utilización de la hipótesis de conflicto
como hipótesis de guerra. En esto vamos a abundar cuando entremos en la discusión de nuestro
proyecto de ley.
Otro principio básico se refiere a la implementación del sistema de elementos estratégicos y
geopolíticos como parte integrante de la Defensa Nacional y, como consecuencia de lo anterior,
la estructuración y desarrollo de un nuevo concepto que introducimos en la Defensa Nacional
integral, que es la hipótesis de confluencia.
También buscamos la participación del Poder Judicial en la estructura de defensa, y la participación
y el control parlamentario permanente sobre la totalidad de la estructura del sistema
de Defensa Nacional, tanto en la paz como en la guerra, tanto en los organismos de resolución
política como en los que se encargan de recoger información y hacer inteligencia con ella. Vale
decir que se trata de lograr la coordinación de la inteligencia nacional con sus diversos escalones,
pero también bajo control parlamentario y judicial.
También creemos que tanto los organismos de inteligencia como los de seguridad —hago
excepción de los militares— no deberían estar incluidos en la ley de Defensa Nacional, sino que
tendrían que estar sometidos a las normas de dos leyes, una que se refiera a los organismos de
seguridad y otra a los organismos de inteligencia.
No nos engañemos ni tomemos el tema livianamente: a lo largo de la historia argentina y de
la de los países del mundo estos organismos han intentado intervenir en la acción de gobierno,
en la política interna de los partidos y en la vida privada de los hombres. Algunos ejemplos que
están dando vueltas por ahí nos demuestran que esa tentación subsiste y que para que haya claridad
en la organización y funcionamiento de los servicios de seguridad es imprescindible que
ellos estén de alguna manera supervisados por los legítimos representantes del pueblo, esto es,
por el Parlamento.
Esta misma mañana nos encontramos con la noticia de que de los fondos reservados de la
provincia de Buenos Aires —distrito electoral al que pertenezco— se han gastado 250 mil dólares
en la compra de armas no convencionales para la policía de la provincia. Sin dudar de la
honestidad del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires cuando hace esta afirmación,
me pregunto si ésta es la forma más idónea de estructurar su seguridad.
Como todos sabemos, se trata de fondos reservados que son de manejo discrecional y se
puede caer en la tentación de darles otros usos —como ya ha ocurrido en nuestro país—, que
han provocado o podrían provocar en el futuro hechos que hemos tenido y quizás tengamos que
lamentar profundamente.
—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente la de la
Honorable Cámara, don Roberto Pascual Silva.
Sr. Melón.—Otro de los temas que queremos introducir es el reemplazo del servicio militar
obligatorio, que es un concepto antiguo, por la instrucción integral militar del hombre argentino
para la Defensa Nacional. También sostenemos que la ley de instrucción militar no sólo debe
marcar las obligaciones y la carga pública que asumen los ciudadanos cuando son convocados en
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1985