Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

21 de agosto de 1985
Sr. Presidente (Pugliese).—Se va a votar la moción de prórroga del tiempo del señor diputado
Sarquis hasta la conclusión de su exposición, formulada por el señor diputado por Jujuy.
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—Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Pugliese).—Continúa en uso de la palabra el señor diputado por la Capital.
Sr. Sarquis.—Quería decir que me parece importante señalar el caso de Canadá, porque en
1946 inició un proceso de unificación de sus Fuerzas Armadas mediante la eliminación de los tres
ministerios que se ocupaban de los asuntos de cada una de ellas y la creación de un único ministerio
de defensa. Asimismo, unificó las normas de procedimiento y de fondo de la justicia militar
y en 1950 unificó los servicios de aprovisionamiento, de atención médica y odontológica, de
asistencia jurídica, postal y de capellanía, significando esto un ahorro cuantioso para el Estado.
Otra medida en este proceso de unificación de las Fuerzas Armadas de Canadá fue la que determinó
que los alumnos de los dos últimos años de las academias militares los cursaran en forma
conjunta de modo de posibilitar experiencias comunes, intercambiar opiniones e ir aprendiendo
una lealtad mayor a la que tiene por objeto cada una de las fuerzas: lealtad a las fuerzas únicas
de la Nación. Esta transformación de las Fuerzas Armadas de Canadá, culmina en 1968 con la
eliminación legal de la distinción entre ejército, marina y aeronáutica, la imposición del uso de
un mismo uniforme verde oscuro y el establecimiento de un único escalafón.
Esto, simplemente, sirve como ejemplo, porque evidentemente no podemos trasplantar experiencias,
ni ha sido ésta la pretensión del proyecto ni de quienes lo han elaborado. Sin embargo,
estos datos sirven como puntos de referencia válidos, seguramente no sólo para la Argentina,
sino también para otros países del mundo, porque esos procesos de modificación de estructuras
militares han significado un ahorro de dinero, de espacio y de tiempo.
Los argentinos no nos conformamos con juzgar el pasado, este pasado de sangre y de horror
que hemos vivido, ni con solazarnos con este presente de pleno ejercicio de la autoridad civil.
Queremos proyectarnos hacia el futuro rompiendo antinomias y creando alternativas que puedan
ser operativas para los años que vienen.
El Poder Judicial está dando muestras acabadas de su independencia por medio de un juicio
inédito en América latina. La justicia democrática está juzgando a los golpistas en un juicio público,
transparente, revestido de todas las garantías del debido proceso y que está siendo seguido
con atención por la opinión pública internacional. A su vez, el Poder Ejecutivo está dando también
muestras acabadas de su independencia, de su firmeza, de su audacia e imaginación y de una
autoridad desconocida en los poderes ejecutivos de los últimos cincuenta años. Nos corresponde
a nosotros, desde el Parlamento argentino, ser los legisladores no de la especulación pequeña ni
del rédito político circunstancial sino de la gran ley de Defensa Nacional que reclama el país, no
sólo para defendernos de los ataques del exterior sino también para defendernos de los prejuicios,
preconceptos y discriminaciones, evitando quedar atrapados en la puja partidaria.
En este proyecto es en donde menos se justifica tal cosa porque no se trata de diferenciarnos
ante la opinión pública de los partidos políticos populares sino, en todo caso, de diferenciarnos
de aquellos que no lo son, de quienes no quieren Fuerzas Armadas democráticas, porque en el
pasado usufructuaron tácita o expresamente del poder económico y militar.
Se ha cuestionado que este proyecto restringe nuestra defensa al circunscribirla a las agresiones
externas, dejando consecuentemente a la Nación en un estado de indefensión ante un posible
rebrote subversivo. Esto no es así. En el pasado, las Fuerzas Armadas —con la aplicación de la
doctrina de la Seguridad Nacional y de las concepciones sobre contrainsurgencia— se organizaron,
equiparon y desplegaron por todo el territorio nacional ejerciendo el control operacional
sobre las fuerzas de seguridad y las policiales, pensando casi exclusivamente en la represión
interna.