Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

21 de agosto de 1985
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de los señores diputados que me han precedido en el uso de la palabra, traducen una obsesiva
preocupación por la llamada doctrina de la Seguridad Nacional. Constituye ésta el villano de la
escena.
En términos militares, habría que aniquilarla, ya que esa doctrina sería la causante del autoritarismo
y de todos los males que hemos soportado durante los años recientes.
Si bien la definición de esa doctrina no ha sido muy feliz ni demasiado precisa, hay un elemento
que puede darnos la clave para entender las razones de esa obsesiva preocupación a la que
me he referido.
Se ha dicho que esta doctrina asigna una primera prioridad a la lucha contra el comunismo
y la subversión a costa de cualquier otra consideración. Con ello se quiere señalar que se parte
del supuesto de que para combatir al comunismo y a la subversión algunos grupos o sectores,
dentro y fuera de las Fuerzas Armadas, propician la ruptura del orden constitucional a fin de establecer
un gobierno autoritario que sería el único capaz de enfrentar con éxito a esos enemigos.
Esto implica obviamente el avasallamiento del estado de derecho y la destrucción del sistema
democrático.
Esa interpretación es totalmente falsa; no refleja la única alternativa. El hecho de que algunas
veces determinados sectores hayan creído en la necesidad de un gobierno autoritario para combatir
la subversión no quiere decir que no haya otras soluciones y ni siquiera que la sugerida sea
la más probable.
La lucha contra el comunismo y la subversión efectivamente debe librarse. No está en nuestras
manos decidir si queremos emprenderla o no, ya que nos es impuesta desde afuera. Tampoco
podemos renunciar de antemano a ella; implicaría aceptar recorrer el camino del totalitarismo
marxista, que es en definitiva el camino de la servidumbre y la esclavitud. Esa lucha debe ser
librada en todos los terrenos en que se nos obligue a hacerlo, porque en ello va la supervivencia
de nuestro estilo de vida, de nuestras instituciones democráticas, de nuestra Constitución y, en
definitiva, de nuestras libertades individuales.
He dicho que la creencia de que es necesaria una doctrina de la Seguridad Nacional autoritaria
para llevar a cabo esta lucha no constituye la única alternativa y que ni siquiera es la hipótesis
más probable. La solución definitiva reside en la vigencia de una verdadera democracia, de una
democracia que se apoye en el estado de derecho y que no haga concesiones a los adversarios.
Las democracias híbridas, vacilantes o contemporizadoras, que creen que resignando principios
y cediendo posiciones al enemigo lo van a apaciguar, nunca han sido un freno o una valla para la
agresión disolvente; más bien, le han abierto el camino.
La clave de esta cuestión fundamental está en el artículo 2º del proyecto de ley, que dice lo siguiente:
“La Defensa Nacional es la integración y acción coordinada de todas las fuerzas morales
y materiales de la Nación, para enfrentar las agresiones de origen externo…”. Con este artículo
y sus correlativos, ni la Defensa Nacional como concepto ni las Fuerzas Armadas como instrumento
de acción tienen nada que ver con la guerra subversiva que puede desatar en cualquier
momento el comunismo o cualquier otro totalitarismo. Se ignora así la hipótesis de guerra más
probable, la que se puede verificar en cualquier momento, en el instante en que el imperialismo
internacional que la dirige crea que ha llegado la hora de transformar a la Argentina otra vez en
un teatro de operaciones. Esta hipótesis de guerra —repito— es la más probable y el texto del
proyecto la ignora totalmente.
Por otra parte, creer que la sola existencia de un gobierno democrático constituye una valla
infranqueable al comunismo y la subversión es de una suprema ingenuidad, por no decir de una
ceguera suicida. Véanse los casos de Bolivia, Nicaragua, Perú, Colombia y El Salvador, donde
movimientos o gobiernos democráticos son acechados constantemente por la acción subversiva,
algunos de los cuales han caído y otros pueden sufrir igual destino en cualquier momento. En
la historia contemporánea hay numerosos casos donde gobiernos democráticos —por ejemplo,