Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

21 de agosto de 1985
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Reconozco a priori la excelente voluntad y predisposición de los señores legisladores integrantes
de la Comisión de Defensa para elaborar un instrumento apto que sirva al país, lo cual
no implica reconocer que tales esfuerzos hayan llegado a buen puerto.
Hago también la aclaración previa de que mi postura coincide con la actitud del bloque justicialista
expresada elocuentemente por el compañero diputado Antonio Cavallaro, no obstante
que algunos aspectos de ella han merecido dentro del bloque —digo esto por una cuestión de
honestidad basal en el recinto— objeciones que no puedo soslayar, porque de hacerlo entraría en
la zona grisácea de las indefiniciones y, frente a un tema de la importancia del que consideramos,
soslayar es pecar.
Para decirlo con pocas palabras, estimo que hay que desradicalizar el proyecto de ley de defensa
para radicalizar la seguridad y la defensa nacionales.
Durante muchos meses hemos escuchado toda suerte de eufemismos alrededor de los conceptos
de seguridad y de defensa, pero lo cierto es que, en definitiva, este proyecto de ley se aleja
de la seguridad y convalida, en cierta medida, una doctrina que fue vituperada en su momento y
que estimo no compartimos ninguno de los señores diputados de las distintas bancadas, porque
el problema no consiste en la expresión literal de una doctrina en el papel, sino en su espíritu y
en su aplicación: cuándo se aplica, dónde se aplica, cómo se aplica y quién la aplica.
Una doctrina de la Seguridad Nacional existe y es necesaria e imprescindible para todos los
estados jurídicamente organizados. La tienen los estados del Este, del Oeste, del Norte y del
Sur.
La tienen tanto Israel como los Estados Unidos de América y la Unión Soviética. Asimismo,
cuentan con su doctrina de Seguridad Nacional, Nicaragua, Paraguay, Italia y Chile. Pero nosotros,
por un problema de pésima aplicación de la doctrina por gobernantes que no tendrían
que haber gobernado y por gobiernos ilegales, vamos a poner en tela de juicio la imprescindible
necesidad de que nuestro país cuente con los medios idóneos para proteger su supervivencia.
Sostenemos que una ley de defensa debe tender fundamentalmente a proteger el cuerpo jurídico
y legal del Estado, es decir, a proteger la República contra la acechanza de adentro y de
afuera. Estos no son pretextos, ni nos manejamos con eufemismos cuando mencionamos los
términos “adentro” y “afuera”, porque los peligros se generan en uno u otro lado y son tan potentes
y tan perniciosos —ya sea que provengan de afuera como de adentro— que pueden llegar
a poner en peligro la estabilidad misma de las instituciones republicanas de las cuales nosotros,
sin ninguna duda, somos sus primeros y mejores defensores.
Algún día este país va a tener una guerra, señores diputados, y no la vamos a poder evitar. Esa
guerra se nos viene encima aceleradamente y paso a paso, y tampoco es un eufemismo decir que
estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial —con distinto teatro de operaciones y actitudes bélicas
no convencionales, pero guerra al fin—, que se está desarrollando en Centroamérica, Asia,
África y Oceanía. Los primeros intentos de las patrullas avanzadas ya se perciben en casi todos
los países del mundo.
Vamos a tener una guerra tarde o temprano. No serán los rusos ni los chilenos quienes atraviesen
nuestras fronteras para atacarnos. Sin embargo, estamos a punto de sancionar una ley que
se ocupa de cualquier cosa menos de esa guerra que con certeza va a desarrollarse en nuestro país,
y que es la guerra de la subversión.
La magnitud de las responsabilidades que conciernen a la Defensa Nacional y que abarcan
todos los ámbitos del quehacer republicano, con plena participación de la ciudadanía, no debe
de ninguna manera quedar sujeta a interpretaciones de parcialidades políticas que pueden o no
estar ajenas a presiones claramente ideológicas y circunstanciales. Pero nosotros observamos
desde la normalización institucional que nuestras Fuerzas Armadas son mantenidas como sectores
prácticamente segregados de la estrategia general, aun en temas de prioritaria jurisdicción
y especialización militar en los que su asesoramiento a los órganos políticos de decisión resulta