Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

15 de agosto de 1985
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posguerra, aludía a un tiempo histórico político-militar de naturaleza esencialmente diferente, al
que empezó a desarrollarse con posterioridad en las décadas del ‘50 y del ‘60 con la aparición de
la Guerra Fría y, fundamentalmente en la Argentina en la década del ‘70, con el surgimiento de
un fenómeno que reaparece ahora en Colombia o más cercanamente en Perú.
La necesidad del desarrollo económico es un imperativo indispensable para proveer a toda
buena política de defensa, y en esto concuerdo con lo manifestado por el señor diputado Mosso.
Es indudable que aquí chocamos con un orden de prioridades impuesto por la dura realidad. En
este sentido, creo que el gobierno de la Nación ha asumido con sensatez, después de más de un
año y medio de desencuentros y de errores, la necesidad impostergable de erradicar y combatir el
flagelo inflacionario y eliminar la emisión monetaria para enjugar los déficit de tesorería. Con la
misma decisión, firmeza y convicción el gobierno debería modificar su política militar teniendo
en cuenta dos aspectos que deben ser objeto de ponderación.
En primer término, el proyecto cita en su artículo 1º el propósito de proveer a la defensa
común, establecido en el Preámbulo de nuestra Carta Magna, del cual deriva necesariamente
la normatividad de este dictamen; pero debemos recordar que el Preámbulo de la Constitución
también señala la necesidad de constituir la unión nacional y afianzar la paz interior. Para tales
objetivos de unión nacional y de paz interior es preciso superar todo tipo de diferencias y antinomias
entre civiles y militares.
En segundo término, aunque tal vez se pueda decir que el juzgamiento de las cúpulas militares
está limitado a un número reducido de personas, existen y existirán una serie de juicios
pendientes en pueblos, ciudades y brigadas del interior contra otros presuntos responsables de
la lucha antisubversiva. En este punto nos podemos permitir señalar que, hasta que no haya
un acto de decisión política que concluya este capítulo oscuro de nuestra historia, vamos a tener
dificultades para afianzar la unión nacional y consolidar la paz interior. Estas dos metas se
transformarán en necesidades indudables cuando las autoridades de la Constitución, libremente
elegidas por el pueblo, tengan que tomar una decisión —Dios quiera no ocurra para restablecer
el orden—, amenaza ésta latente en todos los países del mundo y a la que no puede ser ajeno el
nuestro, que atravesó una experiencia dolorosa en materia de lucha contra la subversión.
Básicamente, estos son los fundamentos de nuestra discrepancia con el enfoque filosófico
del proyecto. No diríamos lo mismo con respecto a algunos aspectos de su redacción normativa,
porque por la vía del asesoramiento y del trabajo extenso y exhaustivo en las Comisiones
de Defensa y de Asuntos Constitucionales se ha procedido con dedicación al mejoramiento y
perfeccionamiento de la iniciativa. Pero insisto en que las bases fundamentales para el ejercicio
de facultades que se otorgan al Poder Ejecutivo en lo genérico, como son las de disponer la necesidad
de la guerra o hacer la paz y establecer las milicias conducentes, son del Congreso y hacen
casi ociosa la sanción de una normativa de este tipo.
Destaco además que las definiciones contenidas son innecesarias y que las fórmulas logradas
no son eficientes ni en la ley que se deroga ni en el proyecto que se considera, porque en ambos
casos estamos en presencia de fórmulas genéricas que tienen un contenido específico pero que
no tendrán el rigor de la aplicación práctica necesaria.
Creo que debemos revisar todos juntos sin soberbia ni desconfianza el conjunto de la política
de defensa y la relación entre las autoridades constitucionales y sus dependientes que son
las Fuerzas Armadas. Una vez que se deje de ver en éstas las acechanzas de interrupciones de
procesos constitucionales y se las coloque en el papel genuino de servidoras del poder civil, no
habrá prerrogativas ni tampoco deberá haber más vejámenes que generen desconfianzas, recelos
y rencores en el cuerpo social argentino.
Con estas consideraciones dejo expresada nuestra posición respecto al proyecto de ley de
Defensa Nacional
Sr. Presidente (Pugliese).—Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.