Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

15 de agosto de 1985
Sr. Bisciotti.—Señor presidente: pido la palabra para formular una moción de orden.
Sr. Presidente (Pugliese).—Para una moción de orden tiene la palabra el señor diputado por
Buenos Aires.
Sr. Bisciotti.—Tal como hemos convenido entre los distintos bloques, hago moción de pasar
a cuarto intermedio hasta la hora 10 y 30 del miércoles próximo una vez que hayan finalizado de
hacer uso de la palabra los dos últimos representantes de bloques anotados en la lista de oradores.
Sr. Presidente (Pugliese).—Se va a votar la moción de orden formulada por el señor diputado
por Buenos Aires.
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—Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Pugliese).—En consecuencia, al término de las exposiciones de los señores
diputados Balestra y Conte se pasará a cuarto intermedio hasta el miércoles próximo a la hora
10 y 30.
Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.
Sr. Balestra.—Señor presidente: leyendo el artículo 2º de la ley 16.970 y el del proyecto en
consideración, advertimos que uno de los aspectos señalados por el miembro informante, señor
diputado Zubiri, indudablemente es incuestionable: la ley anterior cayó en desuetudo y no se
aplicó. Probablemente con este proyecto ocurra lo propio.
Mientras el artículo 2º de aquella ley define la Seguridad Nacional como la situación en la
cual los intereses vitales de la Nación se hallan a cubierto de interferencias y perturbaciones
sustanciales, el artículo 2º del actual proyecto dice que “la Defensa Nacional es la integración
y acción coordinada de todas las fuerzas morales y materiales de la Nación, para enfrentar las
agresiones de origen externo”. Sin duda, un conjunto de bonitas palabras, superfluas como definición
en toda buena técnica normativa, que no arrojan ninguna luz ni sobre el problema de la
seguridad ni acerca de la materia de la defensa.
Muchas veces se ha mencionado el tema de la doctrina de la Seguridad Nacional. Yo todavía
no sé dónde está compendiada tal doctrina, pero optaría por referirme a la definición que de
la Seguridad Nacional ha dado la ley 16.970 a efectos de deducir que no hay ninguna fórmula
precisa ni concreta —mucho menos correcta— como para ponerla en consideración a fin de ser
aplicada. Pareciera que con el solo imperio de las normas constitucionales que regulan las facultades
del presidente en tiempos de paz y guerra, y del Congreso para declarar la guerra o hacer
la paz, bastaría con una reglamentacióu —y no una ley— para establecer todo el conjunto de
normas que se disponen en este proyecto, al igual que las contenidas en la ley 16.970.
Nuestra discrepancia con el proyecto se vincula —aparte de su deficiencia normativa— con
dos aspectos de orden filosófico: uno es el criterio que se sigue con respecto a la agresión interna,
que se margina de la consideración directa en el ámbito de la iniciativa que hoy nos ocupa; el
otro se refiere al enfoque global de la política militar en razón de los fundamentos que se dan al
propio proyecto de ley.
Ha dicho bien el señor miembro informante que la doctrina de la Seguridad Nacional, según
él la entiende, puede haber tenido antecedentes —en el supuesto de que se la reconociera
como tal— en la Alemania nazi, en tiempos de gobiernos americanos de posguerra o durante
la Segunda Guerra Mundial; y aun la ha hecho extensiva a procesos de interrupción del orden
constitucional en la Argentina. Pero todos estos fenómenos son, sin duda, anteriores a lo que
ocurrió en nuestro país, como en otros países del mundo, en la década del ‘70, cuando se desata
la subversión y la agresión terrorista. En ese sentido me parece que no puede distinguirse entre
agresión externa o interna porque la naturaleza de la agresión internacional hace que sea un fenómeno
de todo el mundo, con caracteres vernáculos en los distintos países afectados, donde se
dan una serie de circunstancias y coincidencias que permiten que lo subversivo del orden interno