Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

15 de agosto de 1985
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En el aspecto militar, el ámbito de la defensa debe ser solamente el conflicto resultante de la
agresión militar externa, dejando perfectamente delimitada la relación entre defensa y seguridad
y otorgándole a esta última, por vía legal, la reglamentación correspondiente.
También pensamos que el artículo 4º, tal como está redactado, exige una ampliación de la
competencia del Ministerio de Defensa por medio de la modificación de la ley de ministerios, que
permita dar cabida a la totalidad de tareas que la ley le asigna.
En el artículo 7º del dictamen los intransigentes vemos una importante falencia, ya que a
nuestro criterio el gabinete de Defensa Nacional no puede ser otro que el mismo gabinete nacional,
con la totalidad de sus miembros. La desnutrición infantil, el analfabetismo y la deserción
escolar son conforme a nuestra concepción problemas que atañen fundamentalmente a
la Defensa Nacional, dado que el mismo dictamen, en su artículo 2º, incluye estos aspectos al
definir la Defensa Nacional como la integración y acción coordinada de todas las fuerzas morales
y materiales de la Nación. Si éste es el concepto de defensa que se adopta, no entendemos por
qué se excluye del llamado gabinete de Defensa Nacional a áreas como Trabajo y Salud, que tan
importantes son en la estructura social de la Nación.
Reiteramos nuestro criterio de que las disposiciones comprendidas en los artículos 8º a 14 y
16 a 19 deberían ser más propiamente materia de una ley especial de organización del país para
época de guerra. Independientemente de esto, la formación de un Comité Militar para asesorar al
presidente de la Nación en la conducción de la guerra es innecesaria, ya que la integración de las
Fuerzas Armadas exige privilegiar el rol del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor Conjunto
como órganos de asesoramiento. Al ser colocados los jefes de los Estados Mayores Generales de
cada una de las fuerzas en el mismo nivel que el Jefe del Estado Mayor Conjunto, se rompe el
equilibrio y se perjudica la integración de la conducción.
Igualmente creemos que el último párrafo del artículo 8º es sobreabundante, ya que va de
suyo que según el espíritu y la letra del dictamen las cuestiones relativas a la política interna del
país no son materia de discusión de los organismos de inteligencia militar. Más aún, siendo coherentes
con esta línea de pensamiento y conforme a lo establecido por nuestra plataforma política
partidaria, postulamos la necesidad de centralizar en un único órgano civil todos los servicios
de inteligencia, información y seguridad existentes en el país, sometiéndolos además al debido
control parlamentario.
Con respecto al artículo 15 del dictamen, creemos que la utilización de la palabra “preventiva”
para referirse a la forma de empleo de las Fuerzas Armadas, aclara la idea que sustentamos
para nuestras Fuerzas Armadas: la de que sean un ejército de soldados para la paz. Por otra parte,
el último párrafo de dicho artículo es sobreabundante ya que todo miembro de una fuerza armada
está sometido a un régimen de disciplina interna, el que a su vez, para ser legítimo, debe
ajustarse a derecho. Sí estimamos importante señalar que la disciplina interna de los hombres
de armas debe reflejar los valores y las normas de la sociedad democrática y que sus conductas
deben ajustarse a dichos valores, teniendo en cuenta que son ciudadanos de la democracia.
Consideramos que antes que soldado se es ciudadano, y que en esta idea anida una salvaguardia
contra el abuso del poder militar.
Como ya dije, creemos que los artículos 16 a 19 regulan aspectos que deben ser objeto de una
ley de las Fuerzas Armadas que deje de lado los elementos y las concepciones militaristas de la
defensa, que son una manifestación del proceso de militarización que viene sufriendo nuestro
país desde hace más de cincuenta años.
No creemos tampoco justa la disposición del artículo 18 en cuanto condiciona el ejercicio
de la facultad constitucional del presidente de la República de designar a los jefes de los Estados
Mayores. Este condicionamiento consiste en limitar esa facultad mediante la imposición de que
la elección de oficiales para esos cargos podrá hacerse única y exclusivamente entre los generales,
almirantes y brigadieres del cuerpo comando en actividad. Nos resulta peligroso y restrictivo