Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

22a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
muralla sólida, inexpugnable e imbatible contra la agresión externa. En este sentido enfocamos
el tema de la Defensa Nacional desde una concepción totalizadora que permita dar respuesta a
los difíciles problemas que se nos presentan a partir de Hiroshima.
Cabe recordar palabras que el por entonces comandante en jefe del Ejército, general Jorge
Rafael Carcagno, pronunciara en la X Conferencia de Ejércitos Americanos en Caracas el 5 de
septiembre de 1973. Decía en aquel entonces Carcagno: “Porque en un Estado moderno no puede
hablarse en términos de Defensa Nacional pensando solamente en su brazo armado. La defensa de
la soberanía y del territorio comprende una serie de previsiones muy complejas, en las que interviene
la totalidad del potencial de la Nación, debidamente integrado. Por esta causa, un mayor grado de
progreso tiene incidencia directa, positiva, en la Defensa Nacional. No me refiero a desarrollo en
términos exclusivamente materiales; lo entiendo como un equilibrio armónico entre aumento de
bienestar de nuestros ciudadanos y adecuación espiritual.
“Lo creo posible —continuaba diciendo Carcagno— cuando el país que es enteramente dueño
de su destino, está por consiguiente en capacidad de adoptar las decisiones que mejor convengan a sus
propios y exclusivos intereses, con abstracción de todo tipo de presiones o ideologías extranacionales”.
Es en este concepto moderno y global de la Defensa Nacional que los intransigentes hacemos
hincapié y hacia donde apuntamos nuestra propuesta al desafío que significan la normalización
e institucionalización del rol de las Fuerzas Armadas en el aparato estatal. Es fundamental que se
comprenda que la imagen de los ejércitos como guardia pretoriana de un orden político, económico,
y social injusto es perniciosa para la salud de nuestros pueblos, para la formación del ser
nacional y para su proyección continental.
Esta situación puede aparecer cuando los miembros de las Fuerzas Armadas no comprenden
bien dónde deben dirigir su mirada y cuál es su rol para superar situaciones conflictivas agobiantes.
Este marco que delimita las funciones específicas de las Fuerzas Armadas, que orienta y guía
su accionar en un estado moderno, que las incluye como parte de un todo y con una misión perfectamente
aclarada, es el que a nuestro criterio debe contener la ley de Defensa Nacional que el
Congreso de la Nación se propone sancionar.
Lamentablemente, rescatando lo positivo que tiene el excluir los temas de la seguridad interior
de esta ley, los intransigentes tenemos serias críticas y observaciones para formular a los
diferentes artículos que conforman el proyecto.
Vemos así que, a pesar del enunciado general, el proyecto no puede sustraerse de la hipertrofia
causada por el accionar militar en la vida institucional de la República, al tomar la Defensa
Nacional como un tema fundamentalmente militar, cuando es sabido que a partir de la explosión
atómica de Hiroshima la manera de analizar la problemática de la guerra ha sufrido una
profunda mutación.
Ya la estrategia ha dejado de ser el arte del general para convertirse en el quehacer político
total. Una prueba de este error conceptual la constituye el artículo 7º del dictamen de la mayoría
en lo referente a la integración del gabinete de Defensa Nacional, que a nuestro criterio debería
incluir todas las áreas del quehacer nacional. En igual sentido pensamos que los artículos 8º a 14
y 16 a 19 inclusive deberían ser materia de una ley de organización para tiempo de guerra.
Pasando al articulado en particular, entendemos inadmisible desde el punto de vista técnicojurídico
la expresión contenida en el artículo 1º del dictamen de la mayoría —que coincide con
la del artículo 1º del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo—, que dice: “Ninguna de sus disposiciones
podrá ser interpretada en detrimento del texto constitucional, de su espíritu y fines”. De
mantenerse esta cláusula se estaría admitiendo que la ley podría tener contenidos opuestos al
texto constitucional o en el mejor de los casos se estaría advirtiendo al Poder Judicial, por medio
de esta ley, que al interpretarla se abstenga de hacerlo en detrimento de la Constitución. Ambos
propósitos son improcedentes como contenidos de una ley de la Nación, pues va de suyo que
toda ley debe ajustarse y ceñirse estrictamente al marco de la norma fundamental.
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1985