Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

22a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
nacional de existir de la Argentina y del continente americano, la voluntad de justicia social de
todos sus habitantes.
Más recientemente, entre los años 1976 y 1983, la Unión Soviética y sus aliados fueron los
mejores defensores del gobierno militar en todos los foros internacionales donde se lo cuestionaba
por la violación a los derechos humanos. Ello se debió a que tenían un profundo interés
económico en comerciar con la Argentina. Durante esos años las relaciones comerciales y de
todo tipo entre aquel gobierno autoritario y oligárquico que imperó en el país y la otra parte del
mundo se vieron singularmente favorecidas e incrementadas.
Se llegó a condecorar a un general soviético aquí, en el edificio del Estado Mayor Conjunto,
en la calle Paseo Colón; y otro general argentino fue condecorado en no sé qué calle de Moscú.
Ese intercambio de condecoraciones no hacía más que reflejar que la doctrina de la Seguridad
Nacional fue aplicada aquí contra un pueblo y contra un movimiento y que nada tenía que ver
con el tema ideológico-doctrinario. Fue un ataque traducido en una abierta represión al justicialismo,
cuyo más alto testimonio fue el encarcelamiento de nuestra jefa, la compañera Isabel
Perón, y de algunos de los diputados de nuestra bancada presentes en este recinto, como el compañero
Papagno, el compañero Ratkovic o el propio compañero Ibáñez, que después de cinco
años de prisión fue acusado de haber celebrado un pacto.
Esos encarcelamientos, el incremento del comercio con la Unión Soviética, las condecoraciones
intercambiadas a generales, es lo que llevó a cabo el gobierno del proceso amparándose bajo
la doctrina de la Seguridad Nacional.
Es que la política de Martínez de Hoz fue exitosa. Nos dejó en una situación de indefensión
y tal vez sea cierto lo que afirma el señor Juan Alemann cuando dice que la bancada mayoritaria
debe agradecer a esa política que, al haber destruido la industria nacional, se llegara al momento
de las elecciones con menos trabajadores organizados.
La peculiaridad de la aplicación en nuestro país de la doctrina de la Seguridad Nacional se
explica solamente por la existencia de este movimiento peronista, que constituye una respuesta
original y superadora tanto del sistema liberal capitalista como del sistema marxista.
El documento de Puebla no se agota en las palabras citadas por el oficialismo. En él bien se
dice que ambos sistemas atentan contra la dignidad del hombre y que debemos denunciar que
Latinoamérica se ve encerrada entre esas dos opciones y permanece dependiente de uno u otro
de los centros de poder que canalizan su economía.
Ese encierro entre dos alternativas igualmente falsas e igualmente condenatorias a la dependencia
quedó quebrado en la Argentina; lo quebró en 1945 Perón con el movimiento peronista. Por
eso, en la Argentina la llamada doctrina de la Seguridad Nacional tuvo como víctimas a nuestro
movimiento, a sus mujeres y hombres y a las raíces espirituales y materiales de las que se alimentan.
Señor presidente: el efecto más grave que tiene esta doctrina sobre los países es la degradación
de la voluntad nacional, porque entendida la guerra como el enfrentamiento entre dos voluntades
antagónicas, esa permanente degradación representa en definitiva la victoria del enemigo.
De allí que podamos afirmar, sin temor a error, que la aplicación en concreto y en la Argentina
de la ideología de la Seguridad Nacional, para respetar las palabras de los obispos, atenta también
en forma esencial contra las Fuerzas Armadas en cuanto instituciones permanentes de la Nación,
más allá de los beneficios de las cúpulas que en uno o en otro momento imperan.
Creemos que es suicida desarrollar una política que debilite al movimiento obrero, a las
Fuerzas Armadas y a la Iglesia en tanto esa política ataca los valores tradicionales de la comunidad
nacional y tiende a socavar instituciones tan fundamentales como la familia; en tanto apunta
a debilitar las estructuras productivas de la Argentina; en tanto vulnera hasta la misma legalidad
liberal para limitar o soslayar la participación activa, organizada y protagónica del pueblo en la
adopción de las decisiones políticas, de lo que este Parlamento es cabal muestra al verse negadas
sus atribuciones en temas trascendentes.
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1985