Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

15 de agosto de 1985
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represión a esa subversión por medio de aquellos decretos que dieron lugar a las posteriores
masacres del proceso.
Si nosotros aceptamos este escamoteo, ocultamos la verdad de los ocho años del proceso, lo
esencial de ese período representado por los intereses de los señores Martínez de Hoz y Klein, que
no están procesados, ni presos, ni son atacados por el conjunto de los medios de comunicación.
Lo esencial del proceso fue la destrucción de las bases materiales de la Nación, la destrucción
de su opción de desarrollo y de la posibilidad de un avance nacional integrado con nuestros
hermanos, debido a que se había perdido la potencia de asumir la responsabilidad de defender
la zona geográfica que nos corresponde, en especial el paso entre los dos océanos y las riquezas
territoriales y marítimas.
En ese orden de ideas, la gesta del Atlántico Sur se transforma en una insensata operación
entre criminal y suicida, como se ha escuchado decir a algún diputado, por la que ciertos sectores
castrenses procuraban continuar en el poder en su propio beneficio, lo cual podría ser cierto. Lo
que no es cierto es que deba concluirse en que la caída de Puerto Argentino en manos del ejército
británico deba regocijarnos porque significó la derrota de los delirios cesaristas y bonapartistas,
abriendo las compuertas para el sensato Bignone, su socio Bulgheroni y los contratos petroleros.
Los peronistas somos los más firmes impugnadores de la aplicación vernácula de la llamada
doctrina de la Seguridad Nacional, porque con esa seudodoctrina se concretó un intento de
respuesta a la doctrina de Defensa Nacional integral que el peronismo formuló y aplicó, desarrollada
en este recinto por el diputado Cavallaro.
¿Cómo se aplicó concretamente en la Argentina? Coincido con el miembro informante de
la mayoría en que unos de los primeros denunciantes de este fenómeno fueron los obispos de
América latina reunidos en Puebla, cuando señalaron que la doctrina de la Seguridad Nacional
es, de hecho, una ideología más que una doctrina. Es igualmente cierto que esa ideología, como
se afirmó, “está vinculada a un determinado modelo económico-político, de características elitistas
y verticalistas que suprime la participación amplia del pueblo en las decisiones políticas”.
Esto es, esencialmente, lo que se propone la doctrina de la Seguridad Nacional, lo cual ya
había sido denunciado por el general Perón en su libro Los vendepatrias, cuando cuenta la
reunión de la Junta Interamericana de Defensa de 1957, en la que se aconseja que cada uno
de los ejércitos nacionales de América latina se ponga al servicio de policía de ese proyecto
de mundo que implicaba la explotación de todo un continente en beneficio de las grandes
multinacionales.
Ése fue el origen; ésa fue también la aplicación anticipada en el caso de la Argentina en septiembre
de 1955, cuando se instrumentaron los mecanismos coercitivos del Estado: las Fuerzas
Armadas y de seguridad, pero además, la justicia y la legislación, con el famoso Decreto 4.161,
que intentó vaciar al pueblo argentino de la conciencia que le había permitido alcanzar la dignidad,
así como debilitar y destruir las organizaciones que se dieron los diversos sectores populares,
para degradarlo de pueblo organizado a masa inorgánica.
No es cierto que ese conflicto entrara en una confrontación Este-Oeste. La limitación de las
libertades individuales a que hace referencia el documento de Puebla, la confusión de la voluntad
del Estado con la de la Nación, la superposición del desarrollo económico y del potencial
bélico a las necesidades de las masas abandonadas —todo ello en función de una supuesta guerra
total contra la amenaza comunista que concluye institucionalizando la inseguridad de los individuos—
no deben ser asimilados mecánicamente.
En aquella época los comunistas —que son innegable expresión política del polo oriental
de ese conflicto Este-Oeste—, lejos de ser los perseguidos participaron activamente en la persecución
al peronismo, en los asaltos a los sindicatos y a otras organizaciones populares y en la
fraudulenta Convención Constituyente de 1957 que derogó la Carta Magna del 49.
No era el comunismo el perseguido, sino el justicialismo, porque encarnaba la voluntad