Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

15 de agosto de 1985
466
del pueblo al no incluirlo expresamente entre los actores principales del sistema de Defensa
Nacional a través de sus organizaciones intermedias.
Esta concepción radical reincide así en los viejos y conocidos errores de los gobiernos de facto
que, dejando de lado los contenidos expresos de nuestra Constitución, marginan y olvidan al
pueblo como origen, destinatario y mandante del poder político de la República.
El proyecto justicialista establece expresamente en el inciso g) del artículo 8º que el pueblo
de la Nación es integrante fundamental del sistema de Defensa Nacional. Nosotros no podemos
olvidar que el pueblo es la esencia de la Nación.
¿Se puede caer, entonces, en la tentación de los autoritarismos, que intentan silenciar al hombre
aislado y a las organizaciones intermedias para imponer, partiendo de un poder omnímodo,
lo que se considere más conveniente desde ese pedestal del poder? ¿El hombre argentino no tiene
nada que opinar acerca de las cuestiones de la defensa? ¿No tiene derecho la mujer argentina, que
está dispuesta a entregar a sus hijos para defender a la patria, a conocer el porqué de la guerra?
¿El artículo 21 de la Constitución sólo constituye una obligación o es además, como sostenemos
los justicialistas, un derecho del ciudadano argentino de armarse en defensa de la patria y de la
Constitución?
El proyecto oficialista margina notablemente al Congreso de la Nación de la participación que
le corresponde en la defensa, en ejercicio de las facultades que le otorga la propia Constitución
Nacional. El proyecto justicialista, por su parte, otorga al Congreso la posibilidad del ejercicio
pleno de sus atribuciones constitucionales amparadas por el artículo 67. Así, en el artículo 19
exige la participación del Congreso en la aprobación de los instrumentos esenciales que definen
el sistema y los que determinan las políticas de defensa por aplicar. En el Consejo de Defensa
Nacional que creamos, además del presidente y el vicepresidente de la Nación y de todos los
integrantes del gabinete nacional, participa un miembro de cada comisión de Defensa de ambas
cámaras del Congreso.
Por otra parte, en el proyecto justicialista también se establece una relación institucional permanente
entre el Poder Ejecutivo, las comisiones de Defensa Nacional del Congreso y el Consejo
de Defensa Nacional.
Señor presidente, señores legisladores: debo señalar que el proyecto radical es, entre comillas,
marcadamente militarista. Pero entiéndase bien, esto lo digo desde el punto de vista de que más
que una ley de Defensa Nacional me parece un código militar, ya que establece funciones que van
más allá de lo que podría determinar una ley de reestructuración de las Fuerzas Armadas y de la
aplicación que corresponde a cada una de ellas, en vez de referirse en general a lo que constituye
la Defensa Nacional como parte integrante de la seguridad militar de una nación. (Aplausos).
En el inciso i) del artículo 7º, además de las hipótesis de conflicto y de guerra, introdujimos
la formulación de las hipótesis de confluencia, que constituyen una parte fundamental de la defensa
y seguridad del país: relacionar mediante alianzas a los países que componen Latinoamérica
o la región del Cono Sur en políticas que complementen sus Fuerzas Armadas y que integren
un sistema defensivo global e integral, porque cada país no está suficientemente preparado militarmente
como para responder a agresiones externas como la que sufrimos en el caso de las
Malvinas, donde nos atacaron Gran Bretaña, Estados Unidos y la OTAN. Hacemos hincapié en
que una ley de Defensa Nacional debe contener una política de confluencia.
Para terminar —luego haré otras observaciones durante el tratamiento en particular—, voy
a decir fundamentalmente que hemos introducido una vieja aspiración del pueblo de la Nación
Argentina, bandera que fue levantada por el radicalismo en la campaña electoral de 1983: supresión
del servicio militar obligatorio. Nosotros proponemos suplantar el servicio militar obligatorio
por un servicio de instrucción militar, regido por una ley especial que condense ese gran
sentimiento que es el derecho de los ciudadanos argentinos a armarse en defensa de la Nación,
pero cumpliendo con un requisito que señalaremos en el tratamiento en particular. (Aplausos).