Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

15 de agosto de 1985
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Sr. Presidente (Silva).—Señor diputado: la Presidencia necesita conocer en qué calidad habla
usted a efectos de determinar el tiempo que corresponde asignarle para su exposición.
Sr. Cavallaro.—Estoy hablando, señor presidente, en representación del bloque justicialista.
Es aquí justamente donde reside todo el pensamiento filosófico, doctrinario, jurídico y político
del justicialismo, basado en la fundamentación de la doctrina nacional que condensa los
principios que durante cuarenta años sostuvo el general Perón sobre la defensa de la Nación, y
que fueron los cimientos de la ya citada ley 13.234, sancionada en 1948.
En el mensaje que acompañaba al proyecto luego convertido en ley por el Congreso de la
Nación, el general Perón señalaba: “El plan de Defensa Nacional excede en mucho las previsiones de
los planes militares propiamente dichos; involucrando una serie de planes contribuyentes, políticos,
económicos, industriales, comerciales, financieros y morales, que armónicamente coor-dinados entre
sí constituyen todo un, programa de gobierno tendiente a acrecentar el potencial de la Nación desde
tiempo de paz, impulsando todas sus fuentes vitales, para hacerla moral y materialmente más fuerte
para resistir y triunfar frente a las contingencias de una guerra”.
Y se agrega: “Tal complejo de tareas y responsabilidades no puede quedar librado a la improvisación,
o a ensayos a realizar en forma angustiosa frente a la inminencia de un conflicto, ni la inquietud
que reclama la adopción de prudentes y atinadas previsiones pueden ser aletargadas por la reiterada
consideración de que la política internacional de nuestro país, insistentemente proclamada, no sólo
no abriga propósitos de expansión o predominio, sino que condena tradicionalmente toda agresión,
conquista o lucha que conduzca a violar la soberanía de otros países”.
Sabias palabras que condensan la extraordinaria visión de este genio conductor y que adquieren
plena vigencia en los momentos actuales.
Esta ley rigió hasta 1966 en que el gobierno de facto de Onganía la derogó, implementando el
sistema basado en la doctrina de la Seguridad Nacional.
Mediante la ley 16.970, que hasta ahora se encuentra elaborado por las cumbres militares
celebradas en Panamá y San José de Costa Rica y está condensado en el famoso discurso
que pronunciara este señor en West Point, es la explicitación palpable de la política militar del
Pentágono, que éste se encargó exportar a todos los países latinoamericanos que componen su
trastienda con el objeto de alcanzar sus objetivos imperialistas.
Por supuesto que para lograr esos fines era necesario contar con regímenes autoritarios, elitistas
y que no tuvieran ninguna participación de los sectores populares. Es por eso que en las décadas
del 60 y del 70 se produjeron por rara —entre comillas— coincidencia una serie de golpes
militares que causaron el derrocamiento de gobiernos elegidos por la libre autodeterminación de
sus pueblos, enquistándose en sus lugares regímenes autocráticos y dictatoriales.
Es en este clima donde se dicta esa ley que ataca fundamentalmente el sistema constitucional
y las instituciones creadas para organizar el Estado; una ley que, por ejemplo, deja totalmente
de lado la figura del presidente de la Nación como Jefe Supremo de la República y comandante
de las fuerzas de aire, mar y tierra, para imponer un Comité Militar integrado básicamente por
lo que se dio en llamar la “junta de comandantes en jefe”, de triste recuerdo en nuestro reciente
pasado histórico, y que desapareció con la asunción del gobierno democrático elegido el 30 de
octubre de 1983.
En el tema de la Defensa Nacional se enfrentan dos grandes sistemas hasta hoy existentes.
Mientras en el justicialismo la Defensa Nacional es la doctrina de la Nación en armas, o de la
guerra total, en donde el Estado dicta los grandes objetivos políticos y nacionales por intermedio
de sus autoridades constitucionales —tal como lo impone el estado de derecho—, en el sistema
de la doctrina de la Seguridad Nacional todos esos objetivos quedan subordinados a la apetencia
de poder para instaurar un orden social sostenido por la acción represiva inmediata e indiscriminada.
Se concibe así al Estado como conductor y aplicador de medidas antipopulares, siguiendo
los dictados de una política antinacional.