Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

15 de agosto de 1985
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por resultar de interés para la Defensa Nacional, deban ser sometidos a la custodia y protección
militar. En caso de guerra o de conflicto armado de carácter internacional, o ante su inminencia,
tal declaración estará sujeta a la posterior ratificación del Congreso de la Nación”.
Este artículo 22 del proyecto tiene un claro basamento en los incisos 15, 22, 23, 24 y 25 del
artículo 67 de la Constitución, toda vez que se trata de una facultad derivada del poder de policía
federal ejercido en el marco de las atribuciones que en relación a la defensa se desprenden de los
cinco incisos del artículo 67 de nuestra Carta Fundamental que acabo de citar.
Quiere decir que para que el Poder Ejecutivo pueda declarar ámbitos que resulten de interés
para la defensa a efectos de someterlos a su custodia, necesita la aprobación del Congreso de la
Nación. Para los casos de guerra o ante su inminencia, es decir, aquellos fundados en razones de
emergencia, urgencia o necesidad, la ley prevé que la ratificación del Congreso puede otorgarse
con posterioridad a esa declaración de guerra o de su inminencia.
Es preciso considerar que esta facultad o atribución que se le concede al Poder Ejecutivo no
se enmarca en los términos de una transferencia dominial, como podría suponerse si hacemos
jugar la norma del inciso 27 del artículo 67 de nuestra Constitución, sino que tan sólo se trata
del ejercicio de funciones de custodia para proteger los bienes situados en los territorios de las
provincias que se encuentran en conflicto. Esto significa que no hay una transferencia de dominio
de las provincias hacia la Nación de los bienes que se protejan, sino solamente una custodia
de esos bienes que según nuestra Constitución, ante una emergencia de guerra, está a cargo de la
autoridad militar.
Como sostuvimos al principio de esta exposición las atribuciones que el proyecto en análisis
otorga al Poder Ejecutivo y a los cuerpos militares no pueden, desde luego, implicar una
violación de derechos o garantías consagrados por la Constitución Nacional. Con ese espíritu
debe interpretarse el artículo 24 del proyecto, que dice que el presidente de la Nación aprobará
los planes de movilización necesarios para adecuar los recursos de la Nación a las necesidades
de la Defensa Nacional. Esta disposición se ajusta a lo establecido por el artículo 17 de nuestra
Carta Fundamental, que sostiene que ningún servicio personal es exigible sino en virtud de
ley o de sentencia fundada en ley. También cumple con lo establecido por el artículo 21 de la
Constitución, que determina que todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa
de la patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los
decretos del Ejecutivo Nacional.
Por lo tanto, las movilizaciones que pueda ordenar el Poder Ejecutivo y que están previstas
en el artículo 24 del proyecto de ley que consideramos están sustentadas en dos claras normas
constitucionales: las de sus artículos 17 y 21.
Finalmente analizaremos los dos últimos artículos del proyecto, sobre los que también son
necesarias algunas consideraciones de orden constitucional.
El artículo 26 dispone que en caso de guerra o ante su inmiencia, el Poder Ejecutivo podrá
disponer requisiciones de servicios o de bienes, convocatorias y sus excepciones para satisfacer
necesidades de la Defensa Nacional. Este artículo guarda absoluto correlato con lo que determina
el artículo 17 de la Constitución Nacional, que prohíbe las requisiciones dispuestas por los
cuerpos armados sin apoyo en la ley. Aquí estamos considerando posibilidades de requisiciones
de servicios o de bienes y de convocatorias fundadas, o apoyadas en este cuerpo legal al que dará
sanción la Honorable Cámara.
El artículo 27 del proyecto determina que la obligación prevista en el artículo anterior será
carga pública irrenunciable. Continúa diciendo que si ese aporte implicara gastos o prestación
de servicios se determinará administrativamente la indemnización o remuneración correspondiente.
Si en resguardo de esa disposición no fuera suficiente lo que determina el artículo 27
del proyecto, en la primera parte del artículo 17 de nuestra Constitución Nacional se prohíben
requisiciones dispuestas sin el sustento o el apoyo legal correspondiente, y además esta misma