Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

22a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
extremo sur, para acreditar que nuestras dos principales ciudades, Ushuaia y Río Grande, alcanzan
en conjunto a sólo cincuenta y cinco mil habitantes, frente a los ciento veinte mil que tiene
la fronteriza ciudad chilena de Punta Arenas.
Además de estas bases económicas y demográficas, la verdadera Defensa Nacional debe apoyarse
en bases socioculturales, es decir, sobre elementos de carácter social y cultural que coadyuven
a la protección de una sociedad bien articulada e integrada, puesto que grandes desequilibrios
sociales son deteriorantes del nivel de defensa.
Finalmente, son necesarias bases técnicas, porque a nadie escapa que las guerras de hoy son
cada vez más tecnificadas y sofisticadas y un adecuado nivel de defensa exige buenos niveles técnicos,
de información y de instrucción en la población de los países.
Como consecuencia de la aplicación de la doctrina de la Seguridad Nacional nuestra patria
sufrió muchos años de militarización durante los que estuvimos en guerra contra nosotros mismos
y nuestro propio territorio estuvo ocupado por fuerzas militares ante cualquier atisbo de
discrepancia política.
Este proyecto da dos pasos fundamentales para superar esa deformación. En primer lugar,
como bien dijo el señor miembro informante de la Comisión de Defensa, establece el control del
Poder Ejecutivo sobre las Fuerzas Armadas y, en segundo término, determina que la defensa es
responsabilidad de cada uno de los ciudadanos y de la Nación en su conjunto.
Hechas estas consideraciones, que a mi criterio nos acercan al aspecto constitucional en análisis,
quiero entrar al fondo del concepto en discusión. Nos encontramos, sin duda, frente a un
proyecto de Defensa Nacional que atiende fundamentalmente a lo que reza nuestro Preámbulo
en uno de sus enunciados como aspiración fundamental, cual es la de proveer a la defensa común.
Este objetivo, que está en la portada de nuestra Carta Fundamental, es sin duda alguna el
marco constitucional dentro del cual se encuadra este proyecto, que por otra parte en ningún
momento —a lo largo de su articulado— tuerce el principio de la división de poderes que consagra
la propia Constitución. Lejos de ello, esa separación de poderes es respetada por este proyecto
de ley de Defensa Nacional dando amplia participación al Congreso de la Nación en las decisiones
y dejando al Poder Ejecutivo la estructura y organización de las propias Fuerzas Armadas.
En definitiva, en el orden constitucional, este proyecto hace de la Defensa Nacional una articulación
funcional estructurada en todo el sistema de nuestra Constitución. Interpretamos entonces
que de ningún modo puede suponer la suspensión o vulneración de derechos garantías
consagrados en la propia Carta Magna de la Nación Argentina.
El artículo 2º conceptualiza la Defensa Nacional como la integración y acción coordinada
de todas las fuerzas morales y materiales de la Nación para enfrentar las agresiones de origen
externo, y concluye con la idea de que se tiende a proteger la soberanía y la independencia de
la Nación Argentina. Claramente el proyecto tiene como base fundamental la separación de la
Defensa Nacional de la seguridad interior, asignando a las Fuerzas Armadas la defensa de nuestro
territorio, de nuestra independencia y soberanía, y dejando la seguridad interna para el control
del poder de policía de cada una de las jurisdicciones en que se divide el territorio nacional.
El proyecto menciona el gabinete de Defensa Nacional y el Comite Militar, dos organismos
asesores del presidente de la República que tienen su base constitucional en el artículo 86, inciso
5º, que habla de la jefatura de las Fuerzas Armadas por parte del presidente de los argentinos.
La dependencia directa de los comandantes de las tres fuerzas respecto del Presidente de la
República tiene su fundamento en el artículo 86, inciso 16, de nuestra Constitución Nacional. Y
en este orden de cosas, las atribuciones que la ley concede al Poder Ejecutivo Nacional para determinar
misiones, funciones y estructuras de los estados mayores generales encuentran su asidero
y fundamento en el artículo 86, inciso 17 de la Carta Magna.
Llegamos así al artículo 22 del proyecto en análisis, que establece: “El Poder Ejecutivo
Nacional, con aprobación previa del Congreso, podrá declarar zona militar a los ámbitos que,
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1985