Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

15 de agosto de 1985
la carencia de la unidad de comando, deficiencia que se pudo observar en la cadena de mando
establecida, pues los comandantes en jefe actuaron como intermediarios entre las órdenes del
comandante en jefe y las de los jefes de los teatros de operaciones. Sobre el particular, el informe
Rattenbach señala: “No existió durante el desarrollo del conflicto una conducción que centralizara
en forma orgánica, continua y eficiente el ejercicio de un comando unificado con control de todos los
factores que conformaba las situaciones de crisis. El Comité Militar tampoco ejerció la autoridad de
la que estaba legalmente investido, debido a las interferencias que en mayor o menor grado produjeron
los comandantes en jefe según sus modalidades, personalidad o costumbre. De esta forma, fue
dable observar que, en pleno desarrollo del conflicto, los titulares de comando de nivel operacional, y
aun táctico superior, vulneraban frecuentemente la línea de comando, comunicándose directamente
con su comandante en jefe”.
Por eso no es casual, señor presidente, que este proyecto de ley suprima el cargo de comandante
en jefe, reemplazándolo por el de Jefe de Estado Mayor en cada área. Así no tendrán los
comandantes en jefe la conducción de la guerra en el teatro operacional; la única conducción de
la guerra será del presidente de la República como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas
Armadas. Así, en el artículo 19 se dice que los estados mayores de cada arma podrán ejercer el
gobierno y la administración de sus respectivas fuerzas, dirigir la preparación para la guerra de
los elementos operacionales de las respectivas fuerzas y el apoyo logístico para los mismos; proponer
al Estado Mayor Conjunto, a los fines de la realización por parte de éste del planeamiento
militar conjunto, la composición, dimensión y despliegue de las respectivas fuerzas, así como los
aspectos del referido planeamiento que hagan a las mismas.
Hemos querido de esta manera —y convencidos estamos de haberlo logrado— establecer un
sistema racional y coherente de mando y de accionar militar conjunto.
La ley tiene otros aspectos igualmente importantes que se vinculan con la requisición, las movilizaciones,
etcétera. No voy a referirme a ellos porque seguramente lo ha de hacer con mayor
versación y autoridad el miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Sólo
añadiré que se ha deseado preservar algunas disposiciones contenidas en la ley 16.970 relativas a
políticas de frontera, por haber demostrado su utilidad. Por ello hemos procedido a incorporar
esas normas al texto del decreto 15.385 de 1984.
Decía al comienzo de esta exposición que si coincidíamos en la observancia del precepto
constitucional de proveer a la defensa común; si coincidíamos en la subordinación del poder
militar al poder político; si coincidíamos en la necesidad del accionar militar conjunto de las
Fuerzas Armadas de la Nación y si coincidíamos en la utilidad de la derogación de la doctrina de
la Seguridad Nacional, podríamos estar contentos al final de la jornada, ya que habríamos dado
un paso más hacia la reinserción de las Fuerzas Armadas en el esquema jurídico institucional de
la República.
Para terminar, creo que con esta ley materializaremos los principios de la ética sanmartiniana.
El Libertador le escribía a Estanislao López diciéndole: “Mi sable jamás saldrá de la vaina por
opiniones políticas”. A su vez, en una carta a Riva Argüello señalaba San Martín: “Es inconcebible
su osadía grosera al hacerme la propuesta de emplear mi sable en una guerra civil”.
El Libertador nos dejó su mensaje. Toca a nosotros, legisladores de la Nación Argentina,
instrumentar los medios jurídicos para recuperar definitivamente la República de los argentinos.
(Aplausos).
444