Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

15 de agosto de 1985
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Buenos Aires, 9 de agosto de 1985.
Al Señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Juan Carlos
Pugliese.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de formular observación en general y en
particular al despacho de las Comisiones de Defensa Nacional y de Asuntos Constitucionales producido
en consideración del proyecto de ley de Defensa Nacional enviado por el Poder Ejecutivo
y que entrara por expediente 103-P.E.-84 (mensaje 686), recepcionado por la Comisión de
Defensa Nacional en fecha 19 de abril de 1985, contenido en el Orden del Día Nº 1064.
La presente observación se formula en nombre del bloque de diputados nacionales electos
por el Partido Intransigente, y en orden al cumplimiento de la plataforma electoral 1983 y su
propuesta político-institucional sostenida por esa agrupación política.
Del proyecto de ley en cuestión, si bien se rescata —respecto de la ley vigente 16.970— la exclusión
del accionar de las Fuerzas Armadas de los aspectos referidos a la “seguridad interior” que
lo que descarta definitivamente la aplicación de la nefasta “doctrina de la Seguridad Nacional”,
merece se le formulen las siguientes observaciones, que serán ampliadas en oportunidad de su
tratamiento por la Honorable Cámara.
En primer lugar se advierte inequívocamente que el proyecto no ha podido sustraerse a la
hipertrofia del accionar militar desplegado sobre la vida institucional del país. De allí resulta
que toma a la Defensa Nacional fundamentalmente como si se tratara de un problema militar,
cuando es sabido que, sobre todo, a partir de la explosión atómica de Hiroshima, la estrategia ha
dejado de ser el arte del general para convertirse en el arte y el quehacer político in totum. No otra
reflexión merece la forma como por el artículo 7º se integra el gabinete de Defensa Nacional que
debería incluir a todas las áreas del quehacer nacional.
En igual sentido el contenido de los artículos 16 a 19 inclusive deberían ser materia de una ley
de organización para tiempo de guerra.
Sin perjuicio de la observación general antes formulada del articulado en particular se deben
expresar las siguientes:
En el artículo 1º del proyecto es inadmisible desde el punto de vista jurídico la expresión:
“ninguna de sus disposiciones podrá ser interpretada en detrimento del texto constitucional, de su
espíritu y fines…”.
De mantenerse esta cláusula se estaría admitiendo que esta ley podría tener contenidos opuestos
al texto constitucional o, en el mejor de los casos, advertir al Poder Judicial a través de esta
ley, que al interpretarla se abstenga de interpretarla en detrimento de la Constitución Nacional.
Ambos propósitos son absolutamente improcedentes como contenidos de una ley de la Nación.
De igual forma es ajeno al contenido de una ley de Defensa Nacional la protección del “sistema
democrático y constitucional”, que se incluye en el artículo 2º in fine del proyecto.
También lo es el articulado que va desde el artículo 8º al 14 que correspondería asimismo a
la organización para tiempo de guerra.
El artículo 18 limita inexplicablemente la facultad constitucional del presidente de la Nación
en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Armadas, al fijar entre quienes debe
designar a los jefes de Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas.
Saludo al señor presidente con mi consideración más distinguida.
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Marcelo M. Arabolaza.