Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

22a. reunión - continuación 13a. sesión ordinaria
atribuciones; y en tanto se dieron los supuestos previstos por el artículo 6º de la Constitución
Nacional, la solución a aplicarse excluirá en forma expresa al Poder Judicial de la provincia de
que se trate”.
(Lo subrayado es la modificación propuesta al texto original del despacho).
Con tal motivo, saludo al señor presidente muy atentamente.
Miguel Unamuno.
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Buenos Aires, 9 de agosto de 1985.
Al Señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Juan Carlos
Pugliese.
S/D.
De mi mayor consideración:
Con relación al despacho de mayoría sobre el proyecto de ley de defensa, que consta en el
Orden del Día Nº 1064, expediente 103-P.E.-84, a continuación formulo algunas observaciones
y propuestas que se fundamentan en las consideraciones y principios que siguen:
1. En la sociedad democrática, estructurada institucionalmente por las disposiciones de nuestra
Constitución Nacional, debe quedar absolutamente en claro que las Fuerzas Armadas no
deben intervenir en las cuestiones internas. Venimos de una dramática experiencia durante la
cual —avanzando aún más sobre negativas experiencias anteriores— el país fue gobernado y
sometido por el gobierno de las Fuerzas Armadas, las cuales implantaron la más cruel dictadura
militar que hayamos conocido, y cuyas responsabilidades criminales se están aún ventilando ante
el Poder Judicial, y cuya incapacidad de gobierno pesa duramente sobre el presente y el futuro
de la vida nacional.
Estos antecedentes lamentables nos obligan a ser absolutamente claros en las disposiciones
legales que definan la función de la institución armada; ella jamás debe volver a espiar, fichar,
perseguir o reprimir a la sociedad argentina como lo hizo, impulsada por la malhadada doctrina
de la Seguridad Nacional.
Su función es siempre y exclusivamente frente al “conflicto bélico externo”. La ley debe, pues,
excluir en forma terminante toda ambigüedad que pueda sugerir a alguna mente desorientada o
nostálgica de la dictadura la mera posibilidad de que ellas intervengan en la vigilancia o persecución
de los ciudadanos.
2. Las Fuerzas Armadas deben estar siempre absolutamente sometidas a la autoridad civil,
tanto sea en sus funciones normales como en las acciones que deba desarrollar en la hipótesis de
un conflicto. Su conducción debe ser siempre civil.
3. La formación de los hombres de armas no debe ser solamente “técnica” o “profesional”;
es preciso que adquieran también una formación social que los sensibilice frente a los grandes
problemas sociales y nacionales.
Para ello es imprescindible que se los saque del gueto que los aísla del pueblo. La vida militar
transcurre ahora en los colegios militares, en el cuartel, en los barrios de militares, con las
escuelas de jefes militares superiores y, en virtud de la creación del Vicariato Castrense, ellos son
asistidos por curas de los militares.
4. La vida interna de la institución armada debe ser democratizada. No hay general que no
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