Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

15 de agosto de 1985
Nacional de invitar a otros miembros, según lo expresado supra al referirnos al gabinete de
Defensa Nacional, por el ministro de Defensa, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas
Armadas y los jefes de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas.
Como eje de la reforma a la estructura de las Fuerzas Armadas se fijan los criterios de coordinación
y eficiencia conjunta, con mandato expreso de unificar las funciones, actividades y servicios
cuya naturaleza no sea específica de una sola fuerza.
Asimismo, se privilegia y jerarquiza al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, asignándole
la función de órgano de trabajo del Comité Militar y su Secretaría, pero fundamentalmente,
se pone bajo su responsabilidad, la realización del planeamiento estratégico militar.
La experiencia del conflicto armado del Atlántico Sur hace necesario organizar a las Fuerzas
Armadas para que cumplan con el objetivo constitucional de defender a la Nación frente a las
agresiones armadas externas, y para ello se las ubica con una clara subordinación al gobierno
civil y se concede al accionar conjunto una importancia trascendental tanto en las cuestiones de
planeamiento como para la eventual conducción estratégica militar.
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II. Organización territorial y movilización
Siguiendo el criterio rector de apartar del articulado del presente proyecto todas aquellas
cuestiones que no sean competencia del poder legislador sino materia propia del Poder
Ejecutivo Nacional y su facultad reglamentaria, se ha privilegiado en este título la correlación
con el Congreso Nacional para instrumentar determinadas medidas, necesarias para enfrentar
una situación bélica, que impliquen limitaciones a los derechos consagrados por la Constitución
Nacional, manteniéndose como en el caso del establecimiento de teatros de operaciones militares,
la plena vigencia de las atribuciones de las autoridades constitucionales.
Así, el Poder Ejecutivo Nacional, con aprobación previa del Congreso, podrá declarar zona
militar a los ámbitos que, por resultar de interés para la Defensa Nacional, deban ser sometidos
a la custodia y protección militar.
En caso de guerra o ante su inminencia, dicho control legislativo, se ejercerá a posteriori.
El presente proyecto también establece que en tiempo de guerra y según se derive del planeamiento
estratégico militar, podrán ser asignadas a los comandos estratégicos operacionales
y comandos territoriales tanto la Gendarmería Nacional como la Prefectura Naval Argentina,
determinándose claramente entonces los límites para la afectación de dichas fuerzas de seguridad
en acciones inherentes a la Defensa Nacional.
También se regulan con precisión los alcances de la facultad del Poder Ejecutivo Nacional en
materia de movilización, defensa civil, requisiciones de servicios y de bienes, convocatorias y sus
excepciones, señalando la necesidad de intervención previa o a posteriori del Congreso, según
cada caso.
En lo que hace a la movilización de los recursos de la Nación, como primera medida se deroga
la ley 17.649, estrechamente vinculada a la 16.970, tanto en su organización funcional cuanto a
los principios autoritarios que sustentaban y se legisla únicamente para señalar que el presidente
de la Nación aprobará los planes de movilización necesarios, en tanto que las acciones que deriven
de la ejecución de dichos planes serán sometidas a la aprobación del Congreso cuando
excedan el marco de la mera administración y afecten derechos amparados por la Constitución
Nacional.
Para el caso de las requisiciones y convocatorias se limitan tales acciones a las situaciones
bélicas o prebélicas y siempre que lo exijan necesidades inherentes a la Defensa Nacional.
Asimismo, se determina que las mismas constituyen carga pública y se prevé el procedimiento
para indemnizar a los afectados.