Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

15 de agosto de 1985
Se ha destacado asimismo el carácter directo e inmediato del mando que sobre el comandante
de teatro de operaciones ejerce el presidente de la Nación.
Artículo 21 del dictamen (artículo 19 del proyecto): partiendo de la base de que en caso de
guerra pueden plantearse situaciones en las cuales resulte de hecho imposible la plena vigencia de
las atribuciones de las autoridades constitucionales existentes dentro del territorio comprendido
en el teatro de operaciones, se ha procurado dejar a salvo la posibilidad de la intervención federal,
en aquellos casos en las que sea estrictamente imprescindible.
Artículo 24 del dictamen (artículo 22 del proyecto): se ha suprimido la última parte del artículo
en cuestión, que aparece como confusa y de dudosa constitucionalidad.
Por las razones precedentemente expuestas, y las que vertirá oportunamente el miembro informante,
se propicia la aprobación del proyecto con las modificaciones que surgen del dictamen
adjunto.
Balbino P. Zubiri.
418
Antecedente
Buenos Aires, 17 de abril de 1985.
Al Honorable Congreso de la Nación.
El Poder Ejecutivo se honra en presentar al Honorable Congreso de la Nación el proyecto
de ley de Defensa Nacional, elaborada en cumplimiento de sus específicas atribuciones, con el
presente mensaje, donde constan los fundamentos y criterios generales sobre cuya base se la
propone.
El adjunto proyecto se realizó teniendo en cuenta que el redimensionamiento de la defensa
implica revisar las ideas que bajo los conceptos de Soberanía Nacional y fronteras ideológicas
llevaron a confundir al gobierno de la Nación con la Defensa Nacional.
Dejar de lado ideas relativas a la Seguridad Nacional implica otorgar a las Fuerzas Armadas
el rol específico de constituir una capacidad disuasiva con un margen de seguridad adecuada,
fundada en el entrenamiento de los cuadros y en un programa de asimilación tecnológica en
función de los requerimientos de operación, pues se parte de la premisa de que la defensa es un
componente más de la política nacional y se ve influida por el funcionamiento de todas las áreas
gubernamentales. Ante la posibilidad de agresión todo el país debe responder en conjunto, pues
no se pueden delegar responsabilidades en momentos de grave emergencia.
Corresponderá entonces al gobierno prevenir o anticipar los conflictos elaborando los planes
pertinentes, sugerir las estrategias y soluciones posibles, y determinar las acciones conducentes
para la adecuada superación de los mismos.
En este esquema, las Fuerzas Armadas tienen un rol importante que cumplir, pero no son el
pivote a través del cual gira la Defensa Nacional.
He aquí la primera diferencia con el régimen de la ley 16.970, que se pretende derogar formalmente,
ya que en la práctica su vigencia se ha visto cercenada por un virtual desuso.
El sistema establecido por esa ley, elaborada y sancionada por un gobierno de facto, se ha
prestado para que los mandos de las Fuerzas Armadas ejerzan un control sobre las decisiones
del presidente de la Nación, impidiendo que éste los conduzca con plena autoridad, sumado a la
creación de organismos ad hoc, que sólo contribuyeron a la extrema burocratización del mismo.
Pero tal vez el aporte más nefasto que realizó la ley 16.970 fue la institucionalización de la