Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

17 y 18 de abril de 1984
I
Poder Ejecutivo
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Buenos Aires, 17 de abril de 1984.
Al Honorable Congreso de la Nación.
El Poder Ejecutivo se honra en presentar al Honorable Congreso de la Nación, el proyecto
de ley de Defensa Nacional, elaborado en cumplimiento de sus específicas atribuciones, con el
presente mensaje, donde constan los fundamentos y criterios generales sobre cuya base se la
propone.
El adjunto proyecto se realiza teniendo en cuenta que el redimensionamiento de la defensa
implica revisar las ideas que bajo los conceptos de soberanía nacional y fronteras ideológicas
llevaron a confundir al gobierno de la Nación con la Defensa Nacional.
Dejar de lado ideas relativas a la seguridad nacional, implica otorgar a las Fuerzas Armadas
el rol específico de constituir una capacidad disuasiva con un margen de seguridad adecuado,
fundada en el entendimiento de los cuadros y en un programa de asimilación tecnológica en
función de los requerimientos de operación, pues se parte de la premisa que la defensa es un
componente más de la política nacional y se ve influida por el funcionamiento de todas las áreas
gubernamentales. Ante la posibilidad de agresión todo el país debe responder en conjunto, pues
no se pueden delegar responsabilidades en momentos de grave emergencia.
Corresponderá entonces al gobierno, prevenir o anticipar los conflictos elaborando los planes
pertinentes, sugerir las estrategias y soluciones posibles y determinar las acciones conducentes
para la adecuada superación de los mismos.
En este esquema, las Fuerzas Armadas, tienen un rol importante que cumplir, pero no son el
pivote a través del cual gira la Defensa Nacional.
He aquí la primera diferencia con el régimen de la ley 16.970, que se pretende derogar formalmente,
ya que en la práctica su vigencia se ha visto cercenada por un virtual desuso.
El sistema establecido por esa ley, elaborada y sancionada por un gobierno de facto, se ha
prestado para que los mandos de las Fuerzas Armadas ejerzan un control sobre las decisiones
del presidente de la Nación, impidiendo que este los conduzca con plena autoridad, sumado
a la creación de organismos ad hoc, que sólo contribuyeron a la extrema burocratización del
mismo.
Pero tal vez el aporte más nefasto que realizó la ley 16.970, fue la institucionalización de la denominada
“Doctrina de la Seguridad Nacional”, a través del “Sistema Nacional de Planeamiento
y Acción para la Seguridad”, sistema concebido y elaborado para apoyar un régimen autoritario
que definía per se los “intereses vitales” de la Nación, dada la escasa o nula participación de la
sociedad, y que al confundir la seguridad del Estado con la del gobierno, terminó consagrando la
Defensa Nacional a la seguridad del régimen político de turno.
Es así que en el proyecto que sometemos a consideración del Honorable Congreso, se distinguen
claramente los objetivos de la Defensa Nacional, con el mismo lenguaje y los mismos
principios enunciados en nuestra Carta Fundamental, desprendiéndose como conditio sine qua
non de la Defensa Nacional, la vigencia del orden constitucional.
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