Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

20 y 21 de noviembre de 1975
Art. 52.—Mantiénese la vigencia de los regímenes establecidos por los decretos leyes 15.385/44
(zonas de seguridad) ratificado por la ley 12.913; 17.531/67 (servicio militar); 17.649/68 movilización);
18.575/70 (política de frontera), y 20.318/73 (servicio civil de defensa).
Art. 53.—Comuniqúese al Poder Ejecutivo.
II
Inserciones solicitadas por el señor diputado Portero
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La necesidad del imperio de la ley marcial durante el estado de guerra no puede negarse, siendo
éste el instrumento de que ha de echarse mano inexcusablemente para asegurar la obtención de los
fines a que la guerra responde. Pero lo que ha sido discutido por los autores es si en toda especie
de guerra internacional o civil, puede aplicarse la ley o regla marcial y si ello ha de tener lugar sólo
en el teatro de las operaciones militares o, en mayor extensión, donde la autoridad nacional estime
oportuno aplicarla. Se ha hecho, pues, una acertada distinción para las especies de guerra que puede
haber: guerra internacional, guerra civil y guerra civil internacional. Cuando se trata de la primera,
nadie ha discutido que procede y se justifica el imperio de la ley marcial; cuando se trata de una
simple guerra civil, de una rebelión o sedición, no parece dudoso que dicha ley no puede proclamarse
para los civiles ni aplicárseles, según nuestra Constitución, porque ésta ha previsto el caso y
ha revestido al gobierno federal de los poderes excepcionales que el estado de sitio faculta a ejercer,
a fin de conseguir el restablecimiento del orden público perturbado por la conmoción interior que
aquellos hechos ocasionan (artículo 23). Si es el caso de una guerra civil internacional —esto es,
si ambos bandos contendientes en la guerra civil son suficientemente poderosos para establecer
y mantener gobierno propio y han sido reconocidos como beligerantes por la potencia o Estados
extranjeros—, entonces la lucha toma el aspecto y tiene las condiciones de la guerra internacional,
y la ley marcial procede conforme a los usos y principios conocidos en el derecho de gentes.
La Constitución argentina ha sido establecida para regir la vida política e institucional de la
Nación, tanto durante la paz como en los agitados tiempos de las conmociones interiores y luchas
intestinas. El gobierno que ella crea ha recibido de la Constitución todos los medios e instrumentos
adecuados para “consolidar la paz interior”, al decir del Preámbulo, y no puede valerse
de los que no autoriza dentro del orden o régimen interno. Lo que procede en caso de conmoción
interior, cualquiera sea, es la declaración del estado de sitio y no el imperio de la ley marcial.
(J. A. González Calderón, Derecho constitucional.)
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Nuestra Constitución no menciona la ley marcial, ni para tiempo de paz ni para tiempo
de guerra. Hemos discrepado con quienes le descubren asidero constitucional implícito en los
poderes militares y de guerra del Poder Ejecutivo. Pero con nuestra negativa sólo queremos significar
que la jurisdicción militar recae únicamente en personas que, de modo permanente o
transitorio, tienen estado militar o están asimiladas a él, o en lugares sujetos a jurisdicción militar
por razón del servicio o de actividades bélicas realmente tales. En tiempo de emergencias internas
de carácter grave, o de guerra (civil, civil internacional e internacional) la ley marcial no puede