Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

20 y 21 de noviembre de 1975
Sr. Mauhum.—Le sugiero al señor diputado López la siguiente redacción para el artículo 44:
“Toda requisición da derecho a retribución o indemnización y a exigir el pertinente recibo, conforme
con el procedimiento que se establezca.”
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado López.
Sr. López (H. F.).—Le quiero expresar al señor diputado Mauhum, con respecto a la extensión
de los recibos, que hay que ubicarse en la zona y/o en el lugar de los acontecimientos. No
creo que nadie le pueda exigir a un grupo armado un recibo. Yo creo que hay que obligar a la
autoridad y crear el deber de dar el recibo.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Lazzarini.
Sr. Lazzarini.—En principio aceptaríamos la siguiente redacción: “Toda requisición da derecho
a retribución o indemnización y a exigir el correspondiente recibo conforme con el procedimiento
que se establezca por la vía reglamentaria.”
De tal manera que aquí los principios están salvados: se da el derecho a exigir el recibo y para
atender a las dificultades a que hace referencia el diputado López, la reglamentación establecerá
el procedimiento.
Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Horacio Fidel López.
Sr. López (H. F.).—Yo me permito insistir y me dirijo casi en particular al miembro informante.
He dicho con toda claridad que más que una exigencia, que siempre la puede pretender el
damnificado, en este caso hay que crear la obligación, el deber, de la autoridad de otorgarlo, y
la omisión debe caer bajo la sanción establecida en el artículo 43 —en función de que debe comunicarlo
inmediatamente a la superioridad—, de cuya correcta aplicación será la responsable.
Por eso insisto en que debe ser un deber.
Sr. Lazzarini.—Podría quedar así: “Toda requisición da derecho a retribución o indemnización
y obliga a extender el correspondiente recibo, conforme con el procedimiento…”, y continúa el artículo
tal como está.
Sr. Presidente (Pereira).—Se va a votar el artículo 44 con la modificación aceptada por la
comisión.
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—Resulta afirmativa.
—Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos
45 a 49.
Sr. Presidente (Pereira).—En consideración el artículo 50.
Tiene la palabra el señor diputado Porto.
Sr. Porto.—El artículo 50, de la misma manera que el artículo 35 y algún otro, determina cuál
es el tribunal que tiene jurisdicción y competencia para el juzgamiento de determinados hechos.
Quiero aclarar mi concepto de que la circunstancia de que la ley establezca que un tribunal
tiene jurisdicción y competencia para el juzgamiento de un hecho no significa que esté fijando
cuál es la ley de fondo que este tribunal tendrá que aplicar. Así, por ejemplo, he sostenido en un
libro mío que la circunstancia de que el artículo 23 del Código Procesal Penal del fuero federal
—Capital Federal, etcétera— determine que los piratas serán juzgados por la justicia federal, no
significa que se le esté fijando a ese juez la ley de fondo que deberá aplicar.
He sostenido también a este respecto, precisamente, que el Código Penal argentino tiene para la
piratería una tipificación desgraciada; en cuanto habla, en su artículo 198, de los actos de piratería
ocurridos en los mares y ríos de la República, por lo que el delito de piratería internacional no está previsto,
y la circunstancia de que en los artículos 23 y 25 del citado código procesal se le dé jurisdicción
y competencia al juez federal no significa que se le esté indicando la ley de fondo que deberá aplicar.
Por eso quiero también aquí dejar establecido que en los artículos 50 y anteriores, que determinan
jurisdicción y competencia para ciertos tribunales federales y militares, el hecho de