Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

20 y 21 de noviembre de 1975
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Sr. Presidente (Pereira).—Tiene la palabra el señor diputado Acevedo.
Sr. Acevedo.—Señor presidente: me toca intervenir casi al filo de la conclusión de este debate.
Comprendo perfectamente que debo afrontar en este instante una natural fatiga de la Cámara,
pero en tan trascendente tema nuestro bloque no puede omitir una serie de referencias concretas.
Ya ha sido dicho por el presidente de nuestra bancada que votaremos afirmativamente el
proyecto en general, sin perjuicio de señalar algunas deficiencias que es menester corregir y a las
cuales también se refirió el señor diputado Falabella.
Esta ley es necesaria, señor presidente, y en tal sentido nuestro voto aparece comprometido
por la circunstancia de haber señalado sólo disidencias parciales. Contrariando un tanto manifestaciones
que se han vertido en el recinto, entendemos que este proyecto procura el mantenimiento
y la preservación de nuestras instituciones fundamentales. Tal es lo que surge de sus
prescripciones. Véase, si no. En su artículo 3º nos dice que la Defensa Nacional “comprende el
conjunto de medidas que el Estado adopta, en todos los sectores, para lograr la seguridad nacional”. Y
al definir en qué consiste la seguridad nacional, expresa que “es la situación en la cual los intereses
vitales de la Nación y el logro de los objetivos nacionales y políticos fijados dentro del marco constitucional
se hallan a cubierto de interferencias y perturbaciones substanciales”. Precisamente cuando se
hace referencia a los intereses vitales de la Nación se está hablando de un aspecto sumamente importante
que creo no ha sido advertido por todos los oradores que han participado en el debate.
Me parece, en tal sentido, que se ha incurrido en un vicio frecuente y en una confusión reiterada
al no percibirse que lo que este proyecto de ley quiere lograr es la afirmación de las instituciones,
es decir, de aquellas que componen nuestro ordenamiento jurídico. Digo esto porque en
el debate se ha incursionado reiteradamente en la insuficiencia de las soluciones políticas en los
más diversos sectores para el mejor logro de una eficaz Defensa Nacional global. Una cosa es la
ley y otra la política. Esta es la pretensión de llevar al marco normativo apetencias, anhelos y preferencias
de los distintos aspectos de la vida del país. Y lo señalo para poner de relieve —aunque
hemos anticipado algunas deficiencias— que la ley no es tan mala, ni presenta vicios tan profundos
como los que se le quieren imputar. Porque, si, como ya lo adelanté, su objetivo fundamental
es el mantenimiento y preservación de nuestras instituciones, bien está que exista una ley que se
encargue de ese resguardo. De las leyes existentes y de las que sancione en adelante el Honorable
Congreso de la Nación.
Está muy claro que es así, porque si analizamos algunos de los artículos que componen el
proyecto en examen, vemos muy claramente que en rigor se pretende la defensa de nuestras
instituciones substanciales. Si en el artículo 25 del proyecto se habla de la guerra clásica o internacional,
es obvio que aquí lo que está en cuestión es la preservación de la Nación como tal. Si
en el artículo 30 se hace referencia a la alteración del orden público, está muy claro que también
apunta a la preservación de nuestras instituciones fundamentales.
Yo sé que existen dificultades muy marcadas para precisar en qué consiste el orden público.
No obstante, hay coincidencias bastantes importantes como para anotar que, en rigor, el orden
público no es otra cosa que el conjunto de condiciones fundamentales de vida social instituidas
en una comunidad jurídica. Es decir, pues, de esas instituciones que han sido vertidas al ordenamiento
jurídico, para distinguir otra vez entre lo que es una mera apetencia, arte de la política, y
lo que es la ley, la cual consagra una norma que debe ser obligatoria y respetada por los integrantes
de una comunidad. El orden público es una forma de vida, un status establecido y condicionado
por la voluntad formal de una comunidad jurídica, tratándose de instituciones —recalco
siempre este aspecto— que han sido plasmadas y articuladas en un ordenamiento jurídico.
Se trata, pues, de la defensa de esas instituciones que ya tenemos instituidas como normas
positivas que integran el ordenamiento. Problema aparte es si satisfacen en este instante todas las
exigencias de la comunidad o si, por el contrario, muchas de sus apetencias y de sus anhelos no
han sido debidamente logrados. Nuestra participación en esta Cámara, el quehacer del Congreso