Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

20 y 21 de noviembre de 1975
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¿Qué confiabilidad, qué validez de permanencia, de revisión constante vamos a tener en un
ministro si no sabemos si al día siguiente de su designación va a desempeñar sus funciones?
¿Cómo sabemos nosotros quién puede constituirse en el constante centinela de las políticas implementadas
para la Defensa Nacional? No hemos sabido superar las deficiencias de la actual ley
16.970, por la que se daban funciones muy complejas a un solo organismo: la llamada Secretaría
del CONASE; ni las virtudes de ser pensada en función del desarrollo.
Todos los países modernos han elaborado la solución desde un punto de vista global. No
quiero caer aquí en el prurito de versación libresca o en la exquisitez de citar experiencias de planeamiento
y de organización no sólo para el desarrollo, sino también para la Defensa Nacional.
No deseo hacerlo aquí, pero sepamos que hay bibliotecas íntegras, en las cuales podemos encontrar
las respuestas aptas para llenar las exigencias actuales conforme a una visión realista y
totalizante de nuestro país, para así poderlo organizar para el desarrollo integral. Y dentro de
este último contexto es evidente queda comprendida la Defensa Nacional; y ésta —a su vez— se
afirma en la defensa del hombre y su desarrollo integral para propender desde una cosmovisión
cristiana a que defienda a aquél en la dignidad de su condición de persona humana. Un planeamiento
del desarrollo que esté en definitiva al servicio del hombre, quien está inserto no individualmente,
como por una racionalidad, como pretendía el liberalismo: es una criatura de carne
y hueso, que tiene necesidades concretas, que vive y come, y aspira y desea todos los días y cada
jornada que inicia; y porque tiene ese destinatario final y porque se ejecuta a través de toda la sociedad,
nucleada por sus familias, hace que la Defensa Nacional esté dependiendo del desarrollo.
Debemos leer con atención —y pido a mis colegas y al señor miembro informante que lo hagan—,
por ejemplo, el artículo 9º del proyecto actual, que dice casi lo mismo que decía el artículo
9º de la ley 16.970: la “dirección superior” de la Defensa Nacional y la “conducción superior”
de ésta, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, le corresponde al presidente de la
Nación, va de suyo que todos los aspectos involucrados en ella competen al país todo.
Por lo demás esta ley en todo su contexto, leída con detención, no va a dejar lugar a dudas
de que todas las políticas que se puedan implementar tienen relación con la seguridad, cuya definición
rectora todos estamos contestes en que está inserta en el artículo 2 o , pero sin confundir
los planos en ningún momento. En momento alguno se le atribuye, de una manera conjunta a
un ministro la formulación de la doctrina de la seguridad y de la Defensa Nacional, como lo hace
ahora el proyecto. Es un desborde que realmente asombra, que quede ahora en manos del señor
ministro de Defensa la formulación de la doctrina de la Defensa Nacional. Esto va mucho más
allá de las atribuciones que le hemos dado por la ley orgánica de ministerios. Asombra, además,
que el Poder Ejecutivo en el articulado sobre el Consejo de Seguridad identifique a cada instante
la seguridad con la Defensa Nacional.
Me pregunto entonces, señor presidente, hasta qué punto con la sanción de esta ley nosotros
podemos contribuir al logro de los objetivos fundamentales de la Nación, de las políticas nacionales
trazadas, y a determinar con precisión legislativa los roles que corresponden a cada uno
de los sectores y, fundamentalmente, el rol que les corresponde, dentro de este contexto social,
económico y político, a las Fuerzas Armadas…
De ahí en más, señor presidente, es que nosotros tengamos nuestras serias dudas de que el
instrumento por el que ha optado el Poder Ejecutivo para poner en ejecución todo lo que significa
la movilización de este país para la Defensa Nacional vaya realmente a conseguir su objetivo.
La sensación de esto surge del proyecto mismo que no está registrando nada más que lo que
dice con toda razonabilidad la ley vigente: “estructura y régimen de la Defensa Nacional” sino
que va mucho más lejos. Pues por el prurito de querer aparecer original, el Poder Ejecutivo le
cambia el título, y al cambiarle el título le cambia todo el significado, provoca esta confusión de
conceptos, este choque de planos que nos lleva al desconcierto.
El proyecto dice: “Estructura del régimen funcional de la Defensa Nacional”. Parecería ser