Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

49a. reunión - continuación 2a. sesión extraordinaria
¿Es que el proyecto de liberación y recuperación nacional se compatibiliza con esto?
La ley 16.970, que vamos a derogar, es mucho más funcional, más precisa, con mayor exactitud
técnica, con mayor precisión legislativa. Tiene, es cierto, una serie de vicios que rozan lo
inconstitucional, tal como lo han expuesto algunos señores diputados, pero desde el punto de
vista conceptual, del esclarecimiento de lo que debe asumirse como defensa de la Nación, resulta
evidente que tiene una claridad elaborativa superior.
Lamento que se haya tomado ese modelo —que crea el CONASE— no para perfeccionarlo
sino para mutilarlo, para hacerlo ininteligible, para crear confusión y para consagrar semejante
anacronismo desde el punto de vista institucional y legislativo como cuando al tratar sobre la
formulación de la doctrina, políticas y estrategias de la Defensa Nacional establece que el ministro
de Defensa es el único depositario de todas las responsabilidades de implementación concernientes
a toda la Defensa Nacional. Me remito a lo establecido en los incisos a), b), c), g) y k) del
artículo 16 del dictamen de comisión.
No puedo silenciar la inclusión de semejantes cláusulas en el proyecto de ley. No tiene ningún
antecedente. Amablemente le solicité al señor diputado Lazzarini que tomara en cuenta este
cuestionamiento frontal al proyecto. Sin embargo en el curso de su exposición no escuché una
respuesta. Gentilmente le pedí que anotara mis observaciones porque eran preocupaciones que
realmente me angustiaban.
No deseo detenerme en la lectura y análisis del artículo 16 del proyecto, que es conocido por
todos los señores diputados. Deseo señalar, sí, que a ese ministro de Defensa se le dan una serie de
atribuciones, una serie de áreas que están mucho más allá de lo que constitucionalmente significa
un ministerio. (Artículo 87 de la Constitución Nacional.)
Es más, el artículo 88 de la Constitución determina que “cada ministro es responsable de los
actos que legaliza; y solidariamente de los que acuerda con sus colegas”. Y el artículo 89 determina
que “los ministros no pueden por sí solos, en ningún caso, tomar resoluciones, a excepción de lo concerniente
al régimen económico y administrativo de sus respectivos departamentos”.
El Poder Ejecutivo en nuestro país es unipersonal, y la Constitución determina —lo hemos
leído— claramente cuáles son las funciones, las calidades, las aptitudes y las capacidades de los
señores ministros. Nos hemos acostumbrado a que la expectativa creada por la designación de
un nuevo ministro de Economía (por ejemplo) supere a las creadas por las posibles decisiones
políticas del mismo presidente de la República. Es una desvirtuación de conceptos que estamos
tratando de rescatar.
El Poder Ejecutivo de la Nación es ejercido por una sola persona; es unipersonal. Y si alguna
vez se ha atacado a nuestro régimen ha sido precisamente por eso, por ser un régimen personalista,
y es así porque responde a las raíces históricas de nuestro pueblo.
En buena hora los hombres del ‘53, que por su formación no tenían un gran sentido de lo
telúrico y que racionalmente estaban educados en la recepción de las novedades doctrinarias de
fuera de nuestro país, tuvieron el sentido patriótico, la agudeza y la sabiduría de adecuarse a las
exigencias culturales predominantes en nuestra tierra.
El presidente manda, el presidente es una persona de carne y hueso que conduce y guía.
Y en este proyecto de ley se otorgan atribuciones a un ministro que son extremadamente amplias,
cuando la experiencia del país, y no la referida solamente a este período parlamentario, nos
indica que muchas veces estos funcionarios no han llegado a durar veinticuatro horas en sus cargos.
Algunos señores diputados han expresado la preeminencia que desde hace treinta años
—esto referido a la conclusión de los mandatos por los presidentes civiles— han tenido las
Fuerzas Armadas en el escenario político de nuestro país.
Y si esto es válido en lo que hace a nuestro régimen institucional presidencial, cuánto más lo
es —en el plano de las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo de turno— con respecto
a los ministros.
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1975