Antecedentes legales y parlamentarios - Ministerio de Defensa

20 y 21 de noviembre de 1975
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jurisdicción dentro de la zona—, que expone a todo el pueblo de la Nación a una inclemencia, a
la más grave: la arbitrariedad y el desafuero del Poder Ejecutivo Nacional?
Y si se me dijera que esta ley se pronuncia sobre una determinada facultad y que debe suponerse
la prudencia de quien la ejecute o la efectivice, yo diría: grave error. Porque el legislador no
sólo debe prever los alcances de la ley, sino que también debe limitar claramente el poder de sus
ejecutores, porque si da tal margen de acción por la órbita de libertad para aplicarla, el legislador
se somete a la condición de partícipe y directamente responsable de cualquiera de los excesos
derivados.
Para asegurar la tranquilidad de 5.000 familias, que es un valor importante y caro a la sensibilidad
de todos los argentinos, ¿vamos a someternos a la eventualidad de la zozobra de toda la
población del país?
¿Es que acaso esta sabia Constitución que nos rige y que el señor miembro informante ha
querido descalificar; esta Constitución generosa que facilitó la creación y la organización del
país, que sigue vital y sabia aún en sus principios generales, que todavía puede ordenar la vida
por decenas de años de todo el pueblo argentino, no tuvo la extrema prudencia de asegurarse que
utilizándola en su letra y en su espíritu no viniera nadie a imponer voluntades excesivas, que pueden
ser tremendas, que pueden ser una verdadera persecución para la ciudadanía y un verdadero
agravio para nuestro sistema de vida y nuestros ideales?
Nosotros creemos en la sabiduría que campea en todo el régimen de nuestra Constitución.
El inciso 21 del artículo 67 de la Constitución, referido a las atribuciones del Poder Legislativo,
determina que corresponde al Congreso “autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o
hacer la paz”. Esta norma es muy clara. A la guerra no la puede disponer el Poder Ejecutivo. La
Constitución no lo permite. Y la guerra no se caracteriza por magnitudes o proporciones; puede
ser localizada o generalizada, y es tanto más dolorosa cuando es interna que cuando se trata de
un conflicto internacional.
El inciso 23 del mismo artículo dice que corresponde al Congreso “fijar la fuerza de línea de
tierra y de mar en tiempo de paz y guerra, y formar reglamentos y ordenanzas para el gobierno de
dichos ejércitos”. ¿Cómo se podría substituir esta disposición? ¿Esto puede ser delegado?
Nosotros decimos que una facultad expresa concedida por la Constitución Nacional no admite
delegación alguna. El Congreso la tiene que retener, porque no sabemos el tiempo de vigencia
de la ley y el tiempo en el que podrán desarrollarse operativos de tal naturaleza con una
centralización de poder exclusivamente en el Ejecutivo Nacional y frente al cual no hay ningún
otro tipo de autoridad, no hay justicia natural para ningún ciudadano y no hay seguro respeto
por ninguno de los derechos que están reconocidos y garantizados.
¿No significa esto contravenir claramente la fórmula constitucional? Lo mismo ocurre con el
inciso 24 del artículo 67 de la Constitución Nacional, cuando da al Congreso la exclusiva facultad
para la organización de las milicias en todas las provincias o parte de ellas, y para disponer la organización,
armamento y disciplina de tales milicias y la administración y el gobierno de la parte
de ellas que estuviese empleada en servicio de la Nación.
Podría decirse que el Congreso autorizaría la mecánica de estos procedimientos y que dejaría
librado a otros agentes el cumplimiento de esta disposición. No es así. Si el Congreso tiene permanentemente
la facultad y la posibilidad de poder revisar incluso su propia medida, cuánto más
la de revisar la medida de los delegados, es decir, del Poder Ejecutivo Nacional, como agente, o de
cualquiera de los cuerpos que hacen a la estructura de la Defensa Nacional.
Y por el inciso 26 del artículo 67 de la Carta Fundamental —que ya he citado y que es concordante
con el artículo 23 de tal ordenamiento— se autoriza al Congreso de la Nación a declarar el
estado de sitio en uno o varios puntos de la República en caso de conmoción interior y a aprobar
o suspender el estado de sitio declarado por el Poder Ejecutivo durante el receso parlamentario.
¿No le ha dado, además, la Constitución al Congreso Nacional una facultad inexcusable